La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum de dos meses al Gobierno español para corregir la discriminación sistemática contra los trabajadores temporales del sector público. Si no se adoptan medidas efectivas, Bruselas elevará el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta acción responde a una violación reiterada de la Directiva 1999/70/CE sobre contratos de duración determinada, cuya transposición nacional sigue siendo incompleta e ineficaz.
¿Por qué Bruselas ha activado un procedimiento de infracción contra España?
Bruselas ha emitido un dictamen motivado, el segundo escalón del procedimiento de infracción. Este paso se activa cuando un Estado miembro no resuelve las deficiencias detectadas tras una advertencia previa. En este caso, la Comisión señala que la legislación española mantiene condiciones de empleo menos favorables para los interinos frente a los funcionarios fijos: menores derechos retributivos, ausencia de estabilidad real y escasa protección frente al abuso de la temporalidad.
El TJUE ya sentó jurisprudencia en abril de 2026 al declarar que las sanciones previstas en España —como la conversión a indefinido no fijo o el pago de indemnizaciones— son insuficientes y no disuasorias. La sentencia subrayó que la ley nacional no garantiza una protección efectiva contra el uso abusivo de contratos temporales.
¿Qué exige la Directiva europea sobre contratos temporales?
La Directiva 1999/70/CE obliga a los Estados miembros a adoptar medidas concretas para prevenir y sancionar el abuso de los contratos de duración determinada. Esto incluye:
- Establecer límites claros al número y duración de los contratos sucesivos.
- Garantizar el acceso equitativo a la formación, promoción y prestaciones sociales.
- Prever sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias ante el incumplimiento.
- Asegurar la equiparación sustancial de derechos entre trabajadores temporales y fijos en el mismo puesto.
España modificó su Estatuto de los Trabajadores y la Ley del Estatuto de los Funcionarios en 2015, pero Bruselas considera que esas reformas no resuelven el fondo del problema: la persistencia de estructuras laborales precarias en la Administración Pública.
¿Cuál es el impacto económico real de la temporalidad en el sector público español?
La temporalidad afecta a más de 350.000 empleados públicos, según datos del INE y la AGE. Este fenómeno genera costes ocultos significativos:
- Ineficiencia administrativa: rotación constante reduce la continuidad en servicios esenciales como sanidad, educación y justicia.
- Mayor gasto público: los interinos suelen percibir menores cotizaciones a la Seguridad Social, lo que afecta a la sostenibilidad del sistema.
- Riesgo fiscal: el TJUE podría imponer multas diarias por incumplimiento, como ya ocurrió con otros Estados miembros.
- Desincentivo a la inversión en formación: las Administraciones evitan capacitar a personal cuya permanencia no está garantizada.
Además, la precariedad laboral en el sector público erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y distorsiona la competencia en el mercado laboral general.
¿Qué marco legal nacional sigue siendo incompatible con la UE?
La Ley 20/2021 de medidas urgentes no resuelve el problema estructural
Aunque introdujo mecanismos de estabilización, su aplicación ha sido desigual entre comunidades autónomas y administraciones. No establece límites objetivos al número de prórrogas ni exige la conversión automática tras cierto tiempo de servicio.
El Real Decreto-Ley 1/2023 carece de sanciones efectivas
Su régimen sancionador se basa en multas administrativas mínimas y no contempla la nulidad de los contratos abusivos ni la responsabilidad personal de los órganos de contratación.
Falta de transparencia en los procesos de selección
No existe un registro público unificado de interinos, ni mecanismos de control independiente sobre la justificación real de la necesidad temporal.
Datos Clave
- La Comisión Europea ha dado dos meses para que España responda al dictamen motivado.
- El TJUE ya declaró en abril de 2026 que las medidas nacionales son insuficientes e incompatibles con la UE.
- Más de 350.000 trabajadores públicos están en situación de interinidad, según el INE.
- La Directiva 1999/70/CE exige equiparación real de derechos, no solo formal.
- El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y condenas vinculantes del TJUE.
El reto no es solo legal: es de gobernabilidad, eficiencia y equidad. Sin una reforma profunda que elimine los incentivos estructurales a la temporalidad, España seguirá expuesta a litigios europeos y a una pérdida progresiva de capital humano en el sector público.
