El rescate público a Duro Felguera ha desatado una crisis de transparencia institucional en Asturias. El Principado aportó 6 millones de euros mediante un préstamo participativo, pero una modificación contractual en diciembre de 2023 eliminó las garantías de cobro. Ahora, el Plan de Reestructuración de noviembre de 2025 contempla una quita del 100%. Los fondos públicos están en riesgo real y sin contrapartida fiscal.
¿Por qué el PP y Foro exigen un informe de la Sindicatura de Cuentas?
La solicitud conjunta ante la Junta General es histórica: es la primera vez que se pide un informe técnico y extraordinario a la Sindicatura de Cuentas sobre una operación de rescate empresarial. La oposición argumenta que la fiscalización de la Cuenta General de 2024 reveló una decisión gubernamental que desprotegió los recursos públicos.
El préstamo se canalizó a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP). Su modificación contractual suprimió cláusulas esenciales: garantías reales, derechos de voto y mecanismos de recuperación. Eso convirtió el crédito en un instrumento sin salvaguardias.
¿Qué implica la quita del 100% en el Plan de Reestructuración?
El Plan de Reestructuración aprobado el 14 de noviembre de 2025 no solo reconoce la insolvencia de Duro Felguera. Formaliza la pérdida total del capital público. No hay contraprestación, ni participación accionarial, ni garantía futura de devolución.
El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, califica el préstamo como de «naturaleza privada». Esa calificación es clave: permite excluirlo del control presupuestario riguroso. Pero los críticos señalan que el dinero proviene del erario público y su destino fue decidido por el Consejo de Gobierno.
¿Cuál es el marco legal aplicable?
La Ley 12/2014, de Régimen Jurídico del Sector Público, exige que las operaciones con empresas privadas respeten el principio de neutralidad financiera. También obliga a garantizar la protección del patrimonio público. La modificación de diciembre de 2023 parece vulnerar ambos principios.
Además, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera exige evaluaciones de riesgo previas a cualquier operación con impacto patrimonial. No hay evidencia pública de que se realizara dicha evaluación.
¿Cuál es el impacto económico real para Asturias?
Los 6 millones no son una cifra aislada. Representan el 0,12% del presupuesto regional de 2023. Pero su pérdida simboliza un fallo sistémico: la falta de controles previos y la ausencia de auditoría independiente antes de la toma de decisiones.
El sector industrial asturiano ya enfrenta una caída del 4,2% en inversión productiva desde 2022. Destinar fondos públicos a una empresa en quiebra sin contrapartida frena la confianza de inversores privados. También desincentiva la reindustrialización sostenible.
¿Qué dice la doctrina del Tribunal de Cuentas?
El Tribunal de Cuentas ha advertido reiteradamente sobre el uso de instrumentos financieros «opacos» en operaciones con empresas en dificultades. En su Informe Anual 2025, subraya que los préstamos participativos deben tener «cláusulas de salvaguarda vinculantes» y «mecanismos de revisión periódica». Ninguno de los dos se aplicó en este caso.
¿Qué datos clave deben conocer los ciudadanos?
- El préstamo de 6 millones se aprobó en 2022 y se modificó en diciembre de 2023 sin informe de riesgo previo.
- La modificación eliminó la garantía de cobro, los derechos de voto y las cláusulas de rescate automático.
- El Plan de Reestructuración de noviembre de 2025 incluye una quita del 100% sobre el crédito público.
- La Sindicatura de Cuentas aún no ha emitido informe alguno sobre la operación, pese a su naturaleza excepcional.
- El Gobierno regional sostiene que el préstamo es «privado», aunque fue aprobado por el Consejo de Gobierno y financiado con fondos públicos.
La gestión del rescate a Duro Felguera no es solo un caso contable. Es una prueba de fuego para la gobernanza financiera del Principado. La transparencia, la rendición de cuentas y la protección del patrimonio público están en juego. Sin un informe técnico independiente, la ciudadanía carece de elementos para evaluar la responsabilidad política de las decisiones tomadas.
