La deuda pública española cerró 2025 en el 100,7% del PIB nominal, su nivel más bajo desde 2020. Este dato supera la meta gubernamental para 2026, fijada en el 100,9%. Aunque la cifra absoluta creció 4,8% interanual, el peso relativo cayó 0,9 puntos frente a 2024. El ajuste refleja una combinación de crecimiento económico sólido, contención del déficit y reestructuración de vencimientos. El Banco de España confirma que la reducción es real y sostenible en el corto plazo.
¿Por qué la deuda pública bajó al 100,7% del PIB en 2025?
El descenso no se debe a una reducción nominal de la deuda, sino a un crecimiento del PIB nominal superior al incremento de la deuda. El PIB nominal subió un 5,2% en 2025, mientras la deuda aumentó 4,8%. Esto generó una mejora estructural en la ratio.
El Gobierno aplicó medidas de consolidación fiscal sin recortes bruscos en gasto social. Además, la reforma tributaria de 2024 elevó los ingresos fiscales en 4.200 millones de euros. También se retrasaron vencimientos de deuda a plazos más largos, reduciendo la presión de refinanciación.
El efecto del crecimiento económico real y nominal
El crecimiento real del PIB fue del 2,8% en 2025. Pero el componente inflacionario (2,4%) elevó el PIB nominal. Esto es clave: la deuda pública se mide en euros nominales, mientras que el denominador (PIB) incluye inflación. Así, una inflación moderada y estable favorece la convergencia de la ratio.
¿Qué implica el 100,7% para la política económica de España?
Este nivel sitúa a España por debajo del umbral del 102% fijado por el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TSCG). Eso abre margen para políticas fiscales más flexibles en 2026, especialmente ante riesgos externos como la escalada en el conflicto de Irán.
El Ministerio de Economía ya revisa sus previsiones macroeconómicas. Las nuevas estimaciones afectarán los Presupuestos Generales del Estado 2026, cuya aprobación se retrasó por la incertidumbre geopolítica y los efectos en los precios de la energía.
La relación con el déficit público
El déficit estructural se redujo al 1,2% del PIB en 2025, frente al 1,8% de 2024. Esa mejora es clave: sin déficit sostenido, la deuda no se dispara. El Protocolo de Déficit Excesivo exige que el déficit estructural no supere el 0,5% del PIB en el mediano plazo. España aún no lo alcanza, pero avanza.
¿Es sostenible esta reducción en el medio plazo?
Sí, pero con condiciones. La sostenibilidad depende de tres factores: crecimiento económico continuado, control del gasto corriente y estabilidad de los tipos de interés. El Banco Central Europeo mantiene los tipos en el 3,75%, lo que encarece la refinanciación. Sin embargo, el perfil de deuda se alargó: el 62% vence en más de 5 años.
El impacto del marco legal europeo
La nueva regla fiscal europea, en vigor desde 2025, exige planes de consolidación si la deuda supera el 60% del PIB. España debe presentar un plan de reducción a 6 años. El actual ritmo (0,9 puntos anuales) es compatible con ese objetivo, siempre que no haya shocks externos graves.
¿Cómo afecta esta evolución al ciudadano y a las empresas?
La reducción de la ratio deuda/PIB mejora la calificación crediticia del país. Esto reduce el coste de financiación para el Estado y, por vía indirecta, para las empresas y familias. Los tipos de interés de la deuda a 10 años bajaron del 3,4% al 2,9% entre septiembre y diciembre de 2025.
- La deuda pública alcanzó 1,698 billones de euros a finales de 2025.
- El crecimiento interanual fue del 4,8%, pero la ratio bajó 0,9 puntos gracias al PIB nominal.
- Es el nivel más bajo desde 2020, año previo a la pandemia.
- Supera la previsión inicial del Gobierno (101,4%) y se acerca a la meta de 2026 (100,9%).
- El perfil de vencimientos se alargó: 62% de la deuda vence en más de 5 años.
El contexto actual muestra una economía española resistente, pero expuesta a riesgos externos. El marco legal exige disciplina fiscal, pero también permite flexibilidad ante crisis. La reducción del 100,7% no es un punto de llegada, sino un indicador de que las políticas fiscales están alineadas con los objetivos de estabilidad y crecimiento. El reto sigue siendo mantener el ritmo sin comprometer la inversión pública ni la cohesión social.
