Begoña Gómez declaró ante la Fiscalía Europea en Madrid el 5 de mayo de 2026. Lo hizo como testigo en una investigación sobre dos contratos adjudicados con fondos comunitarios. El importe total fue de 8,4 millones de euros. Los contratos fueron gestionados por Red.es, entidad dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. El beneficiario principal fue Innova Next, empresa dirigida por Juan Carlos Barrabés. Gómez codirigió su cátedra universitaria en la UCM entre 2020 y 2024. No hubo contacto con cargos del Gobierno para influir en las licitaciones.
¿Qué contratos están bajo investigación?
Los fiscales analizan dos contratos clave: «Formación empleo juvenil para la economía digital» y «Servicio de formación para personas desempleadas». Ambos fueron adjudicados a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Innova Next y The Valley Digital Business School.
Estos contratos forman parte del programa NextGenerationEU. Su financiación proviene de los fondos europeos de recuperación. Eso activa la competencia de la Fiscalía Europea, que investiga irregularidades en partidas comunitarias.
¿Por qué se citó a Begoña Gómez?
Gómez firmó cartas de recomendación que acompañaron la oferta de Innova Next. Estas cartas influyeron en la valoración subjetiva del expediente. La Fiscalía Europea busca determinar si hubo conflicto de intereses, influencia indebida o uso indebido de la posición institucional.
No se la investiga como imputada. Su rol es estrictamente testimonial. Las fuentes de su defensa subrayan que no mantuvo conversaciones con funcionarios ni responsables de Red.es sobre las licitaciones.
¿Qué papel tuvo la cátedra universitaria?
La cátedra de Begoña Gómez en la UCM fue un espacio académico de formación en transformación digital. Juan Carlos Barrabés impartió clases allí como profesor colaborador. Esa relación fue pública y declarada. No implica, por sí sola, vinculación con decisiones administrativas.
¿Qué dice el marco legal?
El Reglamento (UE) 2017/1939 otorga competencia a la Fiscalía Europea para investigar fraudes contra el presupuesto comunitario. También aplica cuando hay malversación de fondos públicos o infracciones graves relacionadas con contratos financiados por la UE.
En España, la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, exige transparencia y objetividad. Las cartas de recomendación no son ilegales, pero deben ser evaluadas sin sesgo. Su uso para mejorar la puntuación subjetiva exige justificación técnica clara.
¿Cuál es el impacto económico y reputacional?
Los 8,4 millones de euros afectan directamente a la gestión de los fondos europeos en España. Cualquier irregularidad socava la confianza de la Comisión Europea en los mecanismos de control nacionales.
El caso también tiene repercusión en la gobernanza digital. Red.es es clave en la ejecución de políticas de soberanía tecnológica. Su integridad afecta a la credibilidad de programas como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
¿Qué sucede con los investigados?
Además de Barrabés, está imputado Luis Prieto, director de Economía Digital de Red.es. El juez de Madrid Juan Carlos Peinado instruye la causa. La Fiscalía Europea coordina con la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
Datos Clave
- Begoña Gómez declaró como testigo, no como imputada.
- Los contratos investigados suman 8,4 millones de euros y usan fondos de NextGenerationEU.
- La Fiscalía Europea actúa por competencia exclusiva en fraudes contra el presupuesto comunitario.
- Las cartas de recomendación firmadas por Gómez fueron usadas en la valoración subjetiva del expediente.
- La cátedra UCM fue un marco académico: no otorga poder de decisión sobre contratos públicos.
- Red.es depende del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, sujeto a control parlamentario y auditorías externas.
El caso refleja la tensión entre redes de colaboración académica y la rigurosidad exigida en la gestión de fondos europeos. No se ha acreditado influencia directa en la adjudicación. Pero sí se pone a prueba la claridad de los filtros éticos en la administración digital española. La transparencia en el uso de los fondos comunitarios sigue siendo un indicador crítico de la gobernanza pública y la confianza institucional.
