El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una regularización masiva de extranjeros en situación irregular. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, la rechazó rotundamente en una reunión con sus grupos parlamentarios. Lo calificó como una medida inhumana, insostenible y sin control. Su crítica apunta a riesgos legales, económicos y de seguridad nacional. La polémica llega en un momento de presión migratoria creciente y debate europeo sobre soberanía migratoria.
¿Por qué Feijóo considera la regularización migratoria inhumana?
Feijóo argumenta que la medida no protege a los migrantes, sino que los expone a nuevas vulnerabilidades. Al no exigir requisitos mínimos de integración, trabajo o residencia estable, la regularización automática favorece la explotación laboral. Además, ignora a quienes sí cumplen con los trámites legales. Eso genera una percepción de injusticia entre los que esperan años por una autorización.
El impacto en los derechos humanos
La OIM y el ACNUR advierten que las regularizaciones sin acompañamiento social pueden aumentar la dependencia de redes informales. Sin acceso garantizado a sanidad, educación o vivienda, la ciudadanía formal no se traduce en dignidad real. Feijóo no cuestiona el derecho a la protección, pero sí la forma en que se aplica.
¿Qué implica la etiqueta de «insostenible» desde el punto de vista económico?
España enfrenta una presión fiscal creciente por el envejecimiento poblacional. Incorporar a cientos de miles de personas sin garantías de inserción laboral puede afectar el sistema de pensiones y sanidad. Según el Banco de España, cada nuevo residente regularizado requiere una inversión media de 3.200 € anuales en servicios públicos durante los primeros tres años. Sin planes de formación o empleo vinculados, el costo supera los beneficios fiscales inmediatos.
El desafío del mercado laboral
El 62 % de los migrantes en situación irregular ya trabaja, pero en la economía sumergida. La regularización sin políticas paralelas de formación profesional no reduce la precariedad laboral. Al contrario: puede consolidar sectores con bajos salarios y escasa protección.
¿En qué sentido es «sin control» la medida del Gobierno?
La decisión se tomó por real decreto, sin debate parlamentario previo ni informe técnico vinculante. Carece de mecanismos de verificación cruzada con Europol o Frontex. Tampoco incluye cláusulas de revocación ante delitos graves o fraude documental. Esto debilita la cooperación judicial internacional y dificulta la coordinación con países de origen.
El vacío legal y sus consecuencias
La Ley Orgánica 4/2000 permite regularizaciones excepcionales, pero exige «interés social» y «vinculación real con España». La nueva medida no exige ni contrato laboral ni arraigo comprobado. Eso abre la puerta a recursos ante el Tribunal Constitucional.
¿Cómo afecta esta polémica al marco europeo de migración?
Feijóo vinculó la medida con la figura de Viktor Orbán, llamando al jefe del PP «el Orban del sur». No se refiere a autoritarismo, sino a una postura soberanista frente a Bruselas. La Comisión Europea exige coordinación en políticas migratorias. España incumpliría el Pacto Europeo de Migración y Asilo si actúa unilateralmente sin informar a la DG HOME.
Datos Clave
- La regularización afecta a estimaciones de entre 500.000 y 700.000 personas.
- El Gobierno no ha publicado estudio de impacto económico previo.
- El 41 % de los beneficiarios no tiene contrato laboral registrado.
- No existe un plan nacional de acogida vinculado a la medida.
- La UE ha advertido que las regularizaciones unilaterales ponen en riesgo los fondos FAMI.
- El Tribunal Supremo ya anuló dos regularizaciones similares por falta de motivación legal.
El debate trasciende la ideología. Gira en torno a la eficacia administrativa, la responsabilidad fiscal, y el respeto al Estado de Derecho. La regularización no es mala por sí misma. Lo es cuando se diseña sin diagnóstico, sin evaluación de impacto y sin mecanismos de control. La alternativa no es cerrar fronteras. Es construir un sistema migratorio predecible, justo y sostenible.
