España ya tiene 15.171.569 mascotas, una cifra que iguala al número de habitantes menores de 35 años. Este dato proviene del primer censo nacional de animales de compañía, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales en 2026. La cifra refleja un aumento del 14 % desde 2021, impulsado por factores sociales, económicos y legales que transforman la relación entre personas y animales.
¿Cuántas mascotas hay en España y cómo ha evolucionado su número?
El censo revela un crecimiento sostenido: de 13.291.039 ejemplares en 2021 a 15.171.569 en 2025. Este salto coincide con el auge de la soledad urbana y la demanda de apoyo emocional tras la pandemia.
Los perros siguen siendo los más numerosos: 7,5 millones, el 50 % del total. Les siguen los gatos, con 5,6 millones (37 %). El resto incluye conejos, aves, reptiles y tortugas, que suman 1,9 millones (13 %).
Distribución por comunidades autónomas
Andalucía lidera con 3,3 millones de mascotas. Le siguen Cataluña (2 millones), la Comunidad de Madrid (1,9 millones) y la Comunitat Valenciana (1,5 millones). Esta distribución replica el mapa demográfico y económico del país.
¿Qué impacto económico generan las mascotas en España?
El sector de animales de compañía ya representa más de 3.200 millones de euros anuales en facturación. Incluye alimentación, veterinaria, seguros, adiestramiento, alojamientos y servicios digitales como apps de paseo o telemedicina veterinaria.
Las pymes especializadas han crecido un 22 % desde 2022. También se han multiplicado los centros de bienestar animal, las tiendas de productos ecológicos y las plataformas de adopción digital con verificación legal.
Nuevas figuras profesionales
Han surgido perfiles como etólogos certificados, asesores en bienestar animal urbano, y gestores de comunidades de propietarios con mascotas. Estos roles responden a una demanda real y regulada por nuevas ordenanzas municipales.
¿Qué marco legal regula a las mascotas en España?
Desde 2023, la Ley de Protección Animal establece que los animales son seres sintientes. Esto implica obligaciones legales para los propietarios: identificación obligatoria con microchip, vacunación actualizada y registro en el Registro Nacional de Animales de Compañía (RENAC).
Además, 17 comunidades autónomas ya cuentan con leyes propias de protección animal, con sanciones que van desde multas de 300 hasta 200.000 euros por maltrato o abandono.
Obligaciones prácticas para dueños
- Registro obligatorio en RENAC antes de los 3 meses de edad del animal.
- Contratación de seguro de responsabilidad civil para perros potencialmente peligrosos (y cada vez más, para todos los perros en zonas urbanas).
- Cumplimiento de ordenanzas locales sobre horarios de paseo, zonas habilitadas y gestión de residuos.
¿Qué desafíos sociales y urbanos plantea esta cifra récord?
La convivencia entre mascotas y ciudadanos ha generado tensiones reales: aumento de reclamaciones por ruidos, excrementos no recogidos y conflictos en comunidades de vecinos. Algunos ayuntamientos ya exigen certificados de aptitud para la tenencia de perros en viviendas en alquiler.
También ha crecido la demanda de espacios verdes adaptados, como parques caninos con señalización clara, fuentes potables y zonas de entrenamiento. El 68 % de los municipios con más de 50.000 habitantes ya ha incorporado estas infraestructuras desde 2024.
Datos Clave
- 15.171.569 mascotas en España: cifra equivalente a la población menor de 35 años.
- 7,5 millones de perros: el 50 % del total y equivalente a la población menor de 18 años.
- 5,6 millones de gatos: el 37 % del total y el segundo animal más común.
- 14 % de crecimiento en 4 años (2021–2025), impulsado por factores postpandémicos.
- 3.200 millones de euros de impacto económico anual del sector.
- 17 leyes autonómicas de protección animal vigentes en 2026.
El fenómeno de las mascotas ya no es una tendencia: es una realidad estructural con peso demográfico, económico y jurídico. Su gestión exige políticas públicas coordinadas, innovación empresarial responsable y concienciación ciudadana. La convivencia no es opcional: es una obligación legal y social que redefine el espacio urbano, el mercado laboral y la noción misma de familia.
