La reciente decisión del Gobierno español de rescindir unilateralmente un contrato de armas con una empresa israelí ha desatado una crisis política significativa en la coalición gobernante. Este contrato, que ascendía a más de seis millones de euros para la compra de munición destinada a la Guardia Civil, fue impulsado por el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, en un momento en que el compromiso del Gobierno con la causa palestina se encontraba en el centro del debate público.
La situación se ha vuelto crítica tras las presiones ejercidas por el partido Sumar, que amenazó con romper la coalición si el contrato no era anulado. La decisión de rescindir el acuerdo se tomó en un contexto de creciente tensión entre los socios de gobierno, donde la vicepresidenta Yolanda Díaz y el presidente Pedro Sánchez tuvieron que intervenir para calmar las aguas. La Abogacía del Estado ya está evaluando las posibles repercusiones legales de esta decisión, así como las reclamaciones que puedan surgir de la empresa adjudicataria.
### Contexto del Contrato de Armas
El contrato en cuestión fue formalizado la semana pasada con Guardian Defense & Homeland Security S.A., una filial del grupo internacional Guardian LTD Israel. Este acuerdo incluía la compra de 15.300.000 balas del calibre 9mm, un movimiento que generó un gran revuelo en el seno del Gobierno. La controversia se intensificó cuando se recordó que, en octubre de 2023, el Gobierno había acordado no suscribir contratos armamentísticos con Israel debido a la escalada de violencia en Gaza.
La decisión de rescindir el contrato se considera una clara desautorización al procedimiento seguido por el ministro del Interior, quien había defendido la legalidad del acuerdo. La Junta de inversión de material de doble uso también ha intervenido, denegando a la empresa el permiso de importación del material por razones de interés general. Este giro de los acontecimientos ha llevado a la coalición a una de sus crisis más profundas, con IU exigiendo la dimisión de Grande-Marlaska si el contrato no era anulado.
### Reacciones y Consecuencias Políticas
Las reacciones a la decisión de rescindir el contrato han sido variadas. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha calificado la situación como una «vulneración flagrante de los acuerdos» y ha exigido una rectificación inmediata. A pesar de las tensiones, tanto el PSOE como Sumar han reiterado su compromiso con la causa palestina y han afirmado que España no comprará ni venderá armamento a empresas israelíes en el futuro.
El líder de IU, Antonio Maíllo, ha descrito la situación como «la mayor crisis de Gobierno vivida hasta el momento», responsabilizando al PSOE por el incumplimiento del acuerdo alcanzado en octubre. Aunque la amenaza de ruptura de la coalición ha disminuido, la presión sobre Grande-Marlaska sigue siendo intensa, y su futuro en el cargo parece incierto.
El Gobierno ha intentado manejar la crisis con cautela, buscando minimizar el impacto financiero de la rescisión del contrato. Se han tomado medidas para asegurar que otros contratos de armamento en curso, iniciados antes de la invasión de Gaza, no se ejecuten, reafirmando así el compromiso del Gobierno con la paz en Oriente Medio.
La situación actual refleja la complejidad de la política española, donde las alianzas y los compromisos pueden cambiar rápidamente en respuesta a la presión pública y las dinámicas internas. La crisis del contrato de armas con Israel no solo pone a prueba la estabilidad de la coalición, sino que también plantea preguntas sobre la dirección futura de la política exterior española y su postura respecto a los conflictos internacionales.
A medida que el Gobierno navega por esta crisis, la atención se centra en cómo manejará las relaciones con sus socios de coalición y cómo responderá a las demandas de sus bases. La presión para actuar de manera coherente con los compromisos adquiridos en el pasado será crucial para mantener la cohesión del Gobierno y la confianza del electorado.
