El Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), ubicado en Barros (Langreo, Asturias), lleva años sin prestar servicios especializados. A pesar de su diseño como infraestructura de primer nivel para ELA, lesiones cerebrales adquiridas y otras discapacidades neurológicas, opera con casi cero usuarios. Su parálisis representa un fallo sistémico en la asignación de fondos públicos y en la coordinación entre administraciones.
¿Qué es el Credine y por qué no funciona desde 2020?
El Credine fue inaugurado con financiación estatal y apoyo del Gobierno del PP en 2018. Su objetivo era convertirse en referente nacional en rehabilitación neurológica, investigación traslacional y formación especializada. Sin embargo, desde 2020 —tras su uso temporal como centro de realojo durante la pandemia— no ha retomado su actividad esencial.
Falta de planificación operativa y ausencia de convenios
No existe un convenio vigente entre el Ministerio de Sanidad, el Gobierno del Principado de Asturias y las entidades gestoras. Tampoco hay un plan de dotación de personal técnico especializado ni protocolos de derivación desde hospitales públicos.
Uso parcial y recursos desaprovechados
Durante la emergencia sanitaria, el Credine alojó a personas afectadas por COVID-19. Pero esa función fue circunstancial. Tras su cierre, se mantuvo una plantilla administrativa y gastos de mantenimiento sin justificación técnica ni evaluación de impacto. El Gasto Público no Productivo supera los 1,2 millones de euros anuales, según datos del Informe de Auditoría de Cuentas del Principado 2025.
¿Cuál es el impacto económico real del Credine paralizado?
La inactividad del Credine no solo implica un desperdicio presupuestario. Genera costes ocultos: pérdida de oportunidades de empleo cualificado en el entorno, desinversión en tecnología asistencial y retraso en la consolidación de la Estrategia Nacional de Discapacidad 2023–2030.
Desconexión con los fondos europeos
El centro no forma parte del plan de recuperación NextGenerationEU, pese a que sus objetivos coinciden con los ejes de salud inclusiva y transformación digital del sistema sanitario. Esto impide acceder a 8,7 millones de euros en subvenciones no reembolsables para equipamiento y formación.
¿Qué dice la ley sobre centros de referencia estatal?
El Real Decreto 1092/2022, que regula los centros de referencia estatal, exige que su funcionamiento se base en tres pilares: acceso equitativo, calidad acreditada y evaluación periódica por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Credine no cumple ninguno.
Incumplimiento de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad
La paralización viola el artículo 42, que garantiza el derecho a la rehabilitación integral y a la atención especializada. Además, contradice el Plan de Acción para la Implementación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España en 2008.
¿Qué propone el PP y qué ha pasado con las iniciativas anteriores?
En 2023, el Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de ley para activar el Credine. El Gobierno no la ejecutó. Ahora, el PP presenta una nueva iniciativa para exigir la puesta en marcha inmediata, con plazos concretos y mecanismos de rendición de cuentas.
Datos Clave
- El Credine tiene una inversión pública acumulada de 28,4 millones de euros desde 2015.
- En 2025, su gasto corriente alcanzó 1,23 millones, sin servicios activos.
- Menos del 0,3% de los pacientes con ELA en Asturias acceden a rehabilitación especializada.
- No hay convenio operativo vigente entre el Ministerio de Sanidad, el Principado de Asturias ni la Federación Asturiana de Asociaciones de Discapacitados.
- El centro no aparece en el Catálogo Nacional de Centros de Referencia Estatal actualizado en marzo de 2026.
La paralización del Credine no es un caso aislado. Refleja una brecha estructural entre la planificación normativa y la ejecución real. Su reactivación exige no solo voluntad política, sino también transparencia presupuestaria, auditorías técnicas independientes y participación real de las organizaciones de personas con discapacidad. Sin esos elementos, cualquier anuncio de puesta en marcha carecerá de credibilidad y sostenibilidad.
