El Ayuntamiento de Grado ha adquirido el edificio del antiguo Trastévere para albergar el futuro Museo del Traxe. La operación moviliza 340.000 euros de fondos públicos: 300.000 del Principado de Asturias y 40.000 del Consistorio. Pero detrás de la iniciativa cultural hay una sentencia judicial, una indemnización de 345.000 euros y una crítica frontal del PP sobre gestión política y uso de recursos ciudadanos.
¿Por qué se compró el edificio del Trastévere?
La adquisición no responde a una estrategia cultural previa. Surge tras una sentencia judicial que anuló las licencias de obra y actividad otorgadas al establecimiento. El Ayuntamiento concedió la licencia de apertura pese a conocer esa resolución. Esa decisión generó un perjuicio económico directo al empresario, quien fue obligado a cerrar.
El tribunal condenó al Ayuntamiento a indemnizarlo con más de 345.000 euros. La compra del inmueble —a 340.000 euros— se presenta ahora como una solución integral. Pero el PP la califica de parche político, no de planificación responsable.
El costo real supera el millón de euros
La cifra oficial de 340.000 euros no incluye la indemnización previa. Sumadas ambas, la Administración ha desembolsado más de 700.000 euros por un mismo inmueble y una misma cadena de errores. No hay fondos adicionales para rehabilitación, equipamiento ni puesta en marcha del museo. Ese gasto se prevé en futuros presupuestos.
¿Qué dice la ley sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración?
La Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público establece que la Administración responde cuando sus actos causan daños injustos y evitables. La sentencia que anuló las licencias se basó en la vulneración del principio de seguridad jurídica y en la falta de control previo por parte del Ayuntamiento.
El PP subraya que no se trató de un error técnico. Fue una decisión política consciente: otorgar la licencia sabiendo que su base legal era nula. Eso activa la responsabilidad patrimonial objetiva, sin necesidad de demostrar dolo o negligencia grave.
El marco legal exige transparencia y rendición de cuentas
La Ley de Transparencia del Principado de Asturias obliga a publicar los informes técnicos previos a la compra. Hasta la fecha, no se ha facilitado el informe de valoración del inmueble ni el análisis de alternativas. Tampoco se ha publicado el estudio de viabilidad del Museo del Traxe.
¿Cuál es el impacto económico real para Grado?
El edificio del Trastévere generaba empleo directo e ingresos fiscales. Su cierre supuso la pérdida de al menos tres puestos de trabajo y una caída en el IAE y el IVA recaudado. El museo, en cambio, no tiene modelo de sostenibilidad definido. No se ha estimado su aporte al turismo local ni su capacidad de generar ingresos propios.
El PP advierte que el proyecto desplaza una actividad económica privada por una infraestructura pública sin ingresos garantizados. Eso agrava la presión sobre los presupuestos locales en un contexto de limitación de fondos europeos post-2027.
El turismo cultural necesita más que edificios
Grado cuenta con el Parque Histórico del Navia, el Museo Etnográfico del Occidente y rutas del patrimonio inmaterial. Sin embargo, carece de una estrategia integrada de turismo cultural sostenible. La compra del Trastévere no forma parte de ese plan. Tampoco se vincula con los ejes del Plan Estratégico de Turismo de Asturias 2030.
¿Qué datos clave deben conocer los vecinos?
- La sentencia judicial que anuló las licencias se dictó antes de la apertura del local.
- El Ayuntamiento pagó 345.000 euros de indemnización por responsabilidad patrimonial.
- La compra del edificio cuesta 340.000 euros, financiados con fondos públicos.
- No existe informe público de valoración técnica ni estudio de alternativas viables.
- El Museo del Traxe no tiene asignado presupuesto para equipamiento, personal ni mantenimiento.
- El inmueble dejó de generar empleo y recaudación fiscal desde su cierre forzoso.
Datos Clave
- La decisión de conceder la licencia fue política, no técnica.
- La Administración asume costes por errores evitables: responsabilidad patrimonial objetiva.
- El gasto total supera los 700.000 euros, sin retorno económico comprobado.
- Falta transparencia: no se publicaron los informes previos exigidos por la Ley de Transparencia.
- El proyecto no está alineado con el Plan Estratégico de Turismo de Asturias 2030.
El caso del Trastévere no es un aislado. Es un ejemplo de cómo las decisiones políticas sin soporte técnico, sin evaluación de riesgos jurídicos y sin análisis de impacto económico terminan trasladando costes a los ciudadanos. La gestión pública exige anticipación, no reacción. Y la transparencia no es opcional: es un derecho exigible.
