La Audiencia Nacional ha activado una comisión rogatoria a Venezuela para investigar la presencia y actividades de 14 miembros de ETA refugiados en el país. El cambio político tras la salida de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina abre una ventana inédita de cooperación judicial. Esto podría desbloquear pruebas clave para esclarecer su responsabilidad en el aparato exterior de la banda terrorista.
¿Por qué la Audiencia Nacional envió una comisión rogatoria a Venezuela?
El juez Francisco de Jorge ha considerado que el nuevo gobierno venezolano representa una oportunidad real para romper décadas de impunidad. Hasta ahora, Caracas se negó sistemáticamente a colaborar con la justicia española. La resolución del 19 de mayo de 2026 parte de la premisa de que el ascenso de Delcy Rodríguez «permite inferir una colaboración» efectiva.
Esta decisión responde a una solicitud formal del colectivo de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ). El objetivo no es solo ubicar a los fugitivos, sino determinar su grado de implicación en estructuras operativas y políticas de ETA.
El papel del Colectivo de Refugiados
La investigación apunta a que estos 14 individuos formaban parte del Colectivo de Refugiados, una red estructurada bajo la dirección del aparato político de ETA. No se trataba de exiliados pasivos, sino de agentes activos con funciones de enlace, logística y financiación.
¿Qué información busca específicamente la justicia española?
La comisión rogatoria solicita a las autoridades venezolanas «cuanta información posean» sobre los 14 etarras. Esto incluye datos sobre su residencia, actividades, vínculos institucionales y movimientos financieros. El foco está en establecer si ejercieron funciones de enlace operativo, participaron en la recaudación de fondos o facilitaron la fuga de otros miembros.
La lista oficial incluye nombres clave como José Ignacio de Juana Chaos (‘Iñaki’), Eugenio Barrutiabengoa Zabarte (‘Arbe’) y Asunción Arana Altuna (‘Olivia’). Uno de ellos, Javier Urruti Imaz, falleció recientemente, lo que agrega urgencia al esclarecimiento de su trayectoria final.
¿Qué implica jurídicamente una comisión rogatoria?
Una comisión rogatoria es un mecanismo de cooperación judicial internacional regulado por tratados bilaterales y el Convenio de La Haya. No es una orden vinculante, sino una solicitud formal que depende de la voluntad soberana del Estado requerido. Su eficacia en Venezuela dependerá de la disposición real del gobierno de Rodríguez a priorizar el Estado de derecho sobre la protección política.
¿Cuál es el impacto económico y legal de este movimiento?
El caso tiene implicaciones económicas directas: se estima que los activos ocultos de ETA en Venezuela superan los 12 millones de euros, según informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Además, la investigación podría reabrir causas civiles de indemnización para más de 300 familias de víctimas.
Desde el punto de vista legal, la resolución refuerza el principio de justicia universal aplicado a crímenes de lesa humanidad. También pone a prueba la coherencia del nuevo gobierno venezolano con los estándares de la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
El marco internacional en juego
España actúa bajo el marco del Convenio de Extradición UE-Venezuela, suspendido desde 2017. Su reactivación dependería de la normalización diplomática y de garantías procesales reales. La Unión Europea ya ha señalado que cualquier cooperación judicial debe ir acompañada de avances en derechos humanos y separación de poderes en Venezuela.
¿Qué dice la ley española sobre la persecución de delitos de terrorismo en el extranjero?
El Código Penal español (artículo 22) permite perseguir delitos de terrorismo cometidos fuera del territorio nacional si el autor es español o si la víctima lo es. Además, la Ley Orgánica 1/2015 refuerza la competencia de la Audiencia Nacional para investigar redes terroristas con proyección internacional.
Esto legitima plenamente la acción judicial, incluso sin extradición. Lo que se busca ahora es prueba para acusaciones formales, no necesariamente detenciones inmediatas.
Datos Clave
- La comisión rogatoria fue dictada el 19 de mayo de 2026 por el juez Francisco de Jorge.
- Incluye a 14 miembros de ETA, entre ellos ‘Iñaki’ de Juana Chaos y ‘Olivia’ Arana.
- Se basa en la premisa de que el gobierno de Delcy Rodríguez permite «inferir una colaboración».
- Busca información sobre residencia, funciones de enlace operativo, financiación y vínculos institucionales.
- El caso podría reabrir reclamaciones civiles por más de 300 familias de víctimas.
- España actúa bajo el principio de justicia universal y la Ley Orgánica 1/2015.
El escenario venezolano ha cambiado, pero la prueba de su compromiso con la justicia no será retórica: será la entrega efectiva de datos, la apertura de archivos y la posibilidad real de comparecencia ante tribunales españoles. Sin eso, la comisión rogatoria quedará en un gesto simbólico. Con ello, se juega la credibilidad del nuevo gobierno venezolano y la capacidad de España para cerrar capítulos pendientes de su historia democrática.
