El anillo central eléctrico de Asturias es la infraestructura clave para garantizar el suministro estable a industrias estratégicas y proyectos de descarbonización. Sin su puesta en marcha, iniciativas como la planta de hidrógeno verde, la fábrica de obleas de Sunwafe, el segundo horno eléctrico de Arcelor en Avilés o la expansión de Asturiana de Zinc enfrentan riesgos técnicos y legales graves. Red Eléctrica ya trabaja en anteproyectos, pero su ejecución depende de la aprobación del Plan Nacional de Energía y Clima 2023–2030, cuya tramitación se retrasa.
¿Qué es el anillo central eléctrico de Asturias y por qué es estratégico?
El anillo central es una red de alta tensión que interconecta nuevas y existentes subestaciones en Asturias. Incluye tres nodos principales: Cardoso (Carreño), Reboria (Gijón) y Asturiana (ubicación aún no pública), además de ampliaciones en Tabiella y Carrio, y nuevas líneas como Cardoso-Reboria y Reboria-Asturiana.
Su función no es solo reforzar la red, sino habilitar el acceso a la red de grandes consumidores industriales. Sin él, no hay garantía de permiso de acceso y conexión, requisito legal obligatorio para operar.
¿Por qué Red Eléctrica avanza en anteproyectos si falta la planificación 2030?
Red Eléctrica actúa bajo el marco del Plan de Desarrollo de la Red 2021–2026, que sí está vigente. Por eso, la subestación de Cardoso podría iniciar obras este verano. Pero el resto —más del 70 % de la inversión prevista— requiere la nueva planificación.
La compañía adelanta trabajos técnicos para ganar tiempo. Sin embargo, sin la aprobación del Gobierno central, esos anteproyectos no pueden convertirse en licencias ni en obras reales. El retraso pone en riesgo los plazos de inversión de empresas que ya han comprometido capital.
¿Qué pasa si no se aprueba a tiempo el Plan 2030?
- Se paralizan proyectos industriales con impacto económico directo: Sunwafe y Arcelor dependen de capacidad adicional en 2027–2028.
- Asturiana de Zinc ya sufrió la denegación de 3 MW, lo que limita su plan de electrificación.
- Se ralentiza la implantación del hidrógeno verde, sector con potencial de 2.000 empleos en Asturias según el Gobierno regional.
- Se incumple el Reglamento de Acceso y Conexión a Redes Eléctricas, que exige previsión técnica y temporal para nuevas demandas.
¿Cuál es el impacto económico real del retraso?
El anillo central moviliza una inversión estimada de más de 500 millones de euros, según fuentes del sector. Su retraso no solo frena proyectos, sino que afecta la competitividad regional frente a otras comunidades con redes más ágiles. Asturias podría perder posiciones en la atracción de fondos europeos del Mecanismo de Transición Justa y del Fondo de Recuperación NextGenerationEU, ambos condicionados a avances en infraestructura verde.
¿Qué dice el marco legal actual?
La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, modificado en 2022, establecen que la planificación de la red debe anticipar demandas industriales y renovables con al menos cinco años de antelación. El Plan 2023–2030 es el instrumento legal que da cobertura a esas previsiones. Su aprobación está pendiente de informe del Consejo de Estado, lo que ha alargado el proceso más allá de lo previsto.
¿Qué proyectos industriales dependen directamente del anillo central?
- Planta de hidrógeno verde en el Corredor del Nalón.
- Fábrica de obleas de silicio de Sunwafe, con previsión de 1.200 MW de demanda.
- Segundo horno eléctrico de ArcelorMittal en Avilés.
- Ampliación de Asturiana de Zinc, cuya solicitud de 3 MW fue rechazada por saturación de la red actual.
- Electrificación de procesos en Siderúrgica del Mediterráneo y otras plantas del Clúster Industrial Asturiano.
Datos Clave
- El anillo central incluye 78 actuaciones según el Gobierno regional.
- Más del 70 % de las inversiones requieren la aprobación del Plan Nacional 2023–2030.
- La subestación de Cardoso es la única con vía libre para obras este verano.
- La denegación de 3 MW a Asturiana de Zinc evidencia la saturación actual de la red.
- El retraso pone en riesgo más de 1.500 millones en inversiones industriales comprometidas.
- El Reglamento de Acceso y Conexión exige previsión mínima de 5 años para nuevas demandas.
