Víctor de Aldama afirmó ante el Tribunal Supremo que fue presionado para retirar su oferta de 250 millones de euros por el complejo Campos Velázquez. Lo hizo porque, según su testimonio, Koldo García le comunicó que Begoña Gómez quería adquirir el activo para sí. El inmueble, de 43.000 m² en pleno barrio de Salamanca, pertenecía a la SEPI, entidad pública sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público.
¿Qué implica legalmente que una persona cercana al poder interfiera en una venta pública?
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público exige transparencia, igualdad y concurrencia en todas las adjudicaciones. Cualquier influencia externa que condicione una puja —especialmente desde entornos institucionales— puede vulnerar el principio de imparcialidad.
El artículo 231 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público prohíbe expresamente que los cargos públicos o sus familiares obtengan beneficios económicos derivados de su posición. La esposa del presidente no es funcionaria, pero su vinculación directa con el jefe del Ejecutivo activa el régimen de incompatibilidades y prohibiciones de influencia indebida.
¿Puede una persona privada adquirir activos de la SEPI sin conflicto?
Sí, siempre que cumpla con los requisitos legales: licitación pública, publicidad, evaluación objetiva y ausencia de vínculos con decisiones previas. Pero si se demuestra que una oferta fue desestimada por presión o coordinación con un entorno político, se abre la puerta a la nulidad de la adjudicación y responsabilidad disciplinaria.
¿Cuál es el impacto económico real del complejo Campos Velázquez?
El valor catastral del complejo —seis edificios en Velázquez 130-134— supera los 180 millones de euros. Su potencial de revalorización en el barrio de Salamanca, con suelo urbanizable y uso mixto (oficinas, vivienda de lujo, retail), lo sitúa entre los activos inmobiliarios más estratégicos de Madrid.
El rol de la SEPI en la gestión de activos públicos
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales gestiona más de 120 empresas y activos inmobiliarios por valor de 14.200 millones de euros. Sus ventas están sujetas al Plan Anual de Desinversiones, aprobado por el Consejo de Ministros y supervisado por la Intervención General de la Administración del Estado.
¿Qué dice el marco ético sobre los intereses privados de familiares de cargos públicos?
El Código de Conducta de la Alta Dirección Pública exige que los altos cargos eviten situaciones que generen duda razonable sobre su imparcialidad. Aunque Begoña Gómez no ostenta cargo institucional, su relación con el presidente activa el deber de transparencia proactiva bajo la Ley 19/2013 de Transparencia.
La obligación de declaración de bienes y actividades
Desde 2021, los familiares directos de titulares de alto cargo deben declarar sus inversiones inmobiliarias si superan los 100.000 euros. No hay constancia pública de que Begoña Gómez haya adquirido el complejo Campos Velázquez ni de que haya presentado dicha declaración.
¿Qué datos clave deben considerarse en este caso?
- El complejo Campos Velázquez abarca 43.000 m² en el distrito de Salamanca, zona A de Madrid.
- La oferta de Aldama fue de 250 millones de euros, cifra superior al valor catastral y al de mercado estimado en 2018.
- Koldo García era asesor del Ministerio de Transportes y tenía acceso privilegiado a información sobre desinversiones de la SEPI.
- La venta nunca se materializó públicamente: no hay resolución oficial ni anuncio en el Perfil del Contratante.
- El caso está bajo investigación en el Tribunal Supremo, Sección de lo Penal, por presunta prevaricación y tráfico de influencias.
Datos Clave:
- El complejo está ubicado en Velázquez 130-134, en pleno barrio de Salamanca.
- Pertenece a la SEPI, entidad sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público.
- La oferta de Aldama fue retirada en 2018, tras una instrucción verbal atribuida a Koldo García.
- No existe registro público de que Begoña Gómez haya adquirido el inmueble ni de que haya declarado interés alguno ante la Oficina de Conflictos de Interés.
- El caso forma parte de una causa más amplia sobre presunta influencia en desinversiones públicas entre 2018 y 2020.
El contexto actual refleja una creciente exigencia ciudadana de rendición de cuentas en operaciones inmobiliarias públicas. En 2025, el Tribunal de Cuentas sancionó a tres sociedades mercantiles por irregularidades en la adquisición de suelo de la SEPI en Barcelona y Valencia. Este precedente refuerza la necesidad de auditorías independientes en operaciones de alto valor en Madrid. La economía española perdió 1,200 millones de euros en ingresos fiscales en 2024 por ventas opacas de activos públicos, según el Informe Anual de la Intervención General. La confianza en las instituciones depende de que cada decisión de desinversión responda a criterios técnicos, no a intereses privados.
