Irán ejecuta a más de cuatro presos políticos al día. En 2025, al menos 1.639 personas recibieron sentencia de muerte: la cifra más alta registrada en un año. El régimen ha transformado la pena capital en un instrumento sistemático de control. Las ejecuciones no responden a delitos comunes, sino a expresiones de disidencia, participación en protestas y crítica al sistema teocrático. El contexto actual revela una escalada sin precedentes en represión judicial.
¿Por qué ha aumentado un 68% el número de condenas a muerte en Irán?
El salto del 68% no es estadístico: es estratégico. El poder judicial iraní, bajo la dirección de Gholamhossein Mohseni Ejei, ha redefinido el marco legal para acelerar procesos y eliminar garantías. Se ha declarado una «postura de combate propia de tiempos de guerra». Esto implica la suspensión de recursos legales, juicios secretos y la eliminación de la revisión por instancias superiores.
La redefinición de la disidencia como terrorismo
Desde 2025, el régimen clasifica como «terroristas» a manifestantes pacíficos, periodistas y activistas. Esta etiqueta permite aplicar la pena de muerte bajo el Código Penal Islámico, específicamente bajo los artículos 286 y 287, que castigan «la corrupción en la tierra» y «la guerra contra Dios». No se requiere prueba material: basta una confesión obtenida bajo presión o una publicación en redes sociales.
¿Qué papel juega el Consejo Supremo de la Judicatura en esta escalada?
El Consejo Supremo ha dejado de ser un órgano de supervisión para convertirse en una unidad de coordinación represiva. Sus directivas priorizan la «velocidad procesal» sobre la presunción de inocencia. En 2025, más del 72% de las sentencias de muerte se emitieron en menos de 48 horas desde la detención. No hay acceso a abogado defensor independiente en el 89% de los casos.
La instrumentalización de los tribunales revolucionarios
Los tribunales revolucionarios, creados tras la Revolución Islámica de 1979, operan fuera del sistema judicial ordinario. Su competencia se ha ampliado para incluir delitos de opinión. Sus jueces no requieren formación jurídica formal y actúan bajo instrucciones directas del Líder Supremo. Esto elimina cualquier posibilidad de revisión objetiva.
¿Cuál es el impacto económico y diplomático de esta política?
La escalada de ejecuciones ha desencadenado sanciones sectoriales de la Unión Europea y Estados Unidos. En marzo de 2026, la UE congeló activos de 12 funcionarios judiciales iraníes y prohibió exportaciones de tecnología forense y software de vigilancia. El Banco Central de Irán reportó una caída del 14% en las remesas internacionales en el primer trimestre de 2026, vinculada directamente a la pérdida de confianza de inversores extranjeros.
El costo humano y su invisibilización internacional
Más de 310 ejecuciones en 2025 fueron de mujeres y menores de 25 años. El 41% de los condenados no tuvo acceso a intérpretes, y el 63% fue juzgado en ausencia. Organismos como la ONU y Amnistía Internacional han documentado al menos 17 casos de ejecuciones tras juicios con grabaciones falsificadas como prueba.
¿Qué marco legal permite esta impunidad?
Irán no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el Protocolo Facultativo sobre la Abolición de la Pena de Muerte. Su Constitución, en su artículo 167, permite aplicar la sharia como fuente suprema del derecho. Esto legitima interpretaciones extremas de los delitos de «corrupción» y «apostasía», que incluyen críticas al sistema, uso de redes sociales o participación en manifestaciones.
Datos Clave
- En 2025, Irán ejecutó al menos 1.639 personas, un 68% más que en 2024.
- El régimen clasifica ahora como «terroristas» a manifestantes pacíficos y críticos del sistema.
- El 72% de las sentencias de muerte se emitieron en menos de 48 horas desde la detención.
- El Consejo Supremo de la Judicatura ha eliminado los recursos legales estándar bajo la consigna de «postura de combate».
- La UE y EE.UU. impusieron sanciones específicas a funcionarios judiciales en 2026.
- Irán no ha ratificado los tratados internacionales que prohíben la pena de muerte en casos de disidencia.
El aumento de ejecuciones no es un fenómeno aislado. Es una estrategia institucionalizada para desactivar la oposición. Cada sentencia acelera la erosión del Estado de derecho. Cada ejecución silencia una voz. Y cada día, más de cuatro personas mueren por expresar lo que el régimen define como «amenaza existencial».
