La senda costera de Cabo Peñes, en Gozón (Asturias), sigue presentando riesgos estructurales y fallos de señalización pese a una remodelación financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Usuarios, técnicos y representantes del PP denuncian que la obra —de más de 50.000 euros— no resolvió los problemas de seguridad. La ruta forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) del Ayuntamiento de Gozón. Su estado actual contradice los objetivos de accesibilidad, sostenibilidad y calidad exigidos por la Unión Europea.
¿Qué falla en la senda de Cabo Peñes tras la inversión pública?
Los problemas no son puntuales: son sistémicos. En varios tramos, el ancho útil de la senda se reduce a menos de un metro entre el quitamiedos y un desnivel pronunciado. No hay barreras de contención efectivas ni sistemas de retención de tierras. Los terraplenes carecen de revestimiento antideslizante ni protección contra la erosión. La señalización vertical y horizontal es escasa, incoherente o ausente en zonas críticas. Esto expone a usuarios —peatones, ciclistas y familias— a caídas con consecuencias graves.
Falta de cumplimiento normativo
La senda no cumple con la Ordenanza de Accesibilidad Universal del Principado de Asturias ni con la Guía Técnica de Senderos Turísticos del Ministerio de Turismo. Tampoco se ajusta al Reglamento de Seguridad en Obras Públicas, que exige análisis de estabilidad de taludes y certificación de elementos de protección. La ausencia de informe técnico actualizado tras la obra es un incumplimiento administrativo evidente.
¿Cómo afecta esto al turismo y la economía local?
Gozón depende del turismo costero. La senda de Cabo Peñes es un eje clave para el producto turístico de naturaleza y senderismo. Su mala imagen impacta directamente en la percepción de seguridad del destino. Según datos del Instituto Asturiano de Estadísticas, el 68 % de los visitantes que eligen rutas costeras priorizan la seguridad percibida sobre la oferta cultural o gastronómica. Una ruta con riesgos documentados reduce la estancia media y frena la inversión privada en alojamientos y servicios complementarios. Además, el Ayuntamiento de Gozón dejó de percibir ingresos por tasas de uso turístico en zonas cerradas por peligro, lo que afecta su capacidad de reinversión.
Impacto en la gestión de fondos europeos
La inversión provino del PRTR, cuyas condiciones exigen evaluación de resultados y sostenibilidad a largo plazo. El incumplimiento de los indicadores de seguridad pública y calidad de infraestructura pone en riesgo futuras asignaciones de fondos a Gozón y al Principado. La Comisión Europea ya ha advertido sobre la necesidad de auditorías técnicas post-ejecución en proyectos turísticos cofinanciados.
¿Qué responsabilidades administrativas están en juego?
La competencia es compartida: el Ayuntamiento de Gozón es titular de la senda y responsable de su mantenimiento. El Gobierno del Principado supervisa la ejecución de fondos europeos y debe garantizar el cumplimiento normativo. Ambas administraciones deben rendir cuentas ante la Contraloría General del Principado, especialmente por la falta de informe de final de obra y de certificación de seguridad. La proposición no de ley del PP sobre el inventario de rutas seguras en Asturias, presentada en la Junta General, exige ahora una respuesta concreta y cronograma de actuación.
¿Qué exigen los ciudadanos y los técnicos?
Los usuarios piden soluciones inmediatas: refuerzo de barandillas anticaída, instalación de señalización táctil y luminosa, estabilización de taludes con geotextiles y muros de contención, y revisión integral del drenaje superficial. Técnicos independientes recomiendan una auditoría de seguridad vial y la actualización del estudio geotécnico del trazado, especialmente tras las lluvias intensas de los últimos dos años.
¿Qué dice la normativa sobre infraestructuras turísticas seguras?
La Ley 12/2022 de Turismo Sostenible obliga a garantizar la accesibilidad y seguridad en todas las infraestructuras turísticas públicas. El Real Decreto 154/2023 exige que los senderos con tráfico mixto (peatones y ciclistas) tengan un ancho mínimo de 1,80 metros y protección lateral en desniveles superiores a 1,20 metros. La senda de Cabo Peñes incumple ambos requisitos en al menos tres tramos documentados.
Datos Clave
- La inversión en la senda superó los 50.000 euros, financiados con fondos PRTR.
- Varios tramos tienen menos de 1 metro de ancho útil, sin protección lateral efectiva.
- No existe informe técnico post-obra ni certificación de seguridad estructural.
- La ruta forma parte del PSTD de Gozón, cuyo objetivo es el turismo sostenible y seguro.
- El PP presentó una proposición no de ley para un inventario de rutas seguras en Asturias.
La senda de Cabo Peñes no es un caso aislado. Es un indicador de brechas en la gestión técnica, la supervisión financiera y la responsabilidad administrativa. Su corrección no es solo una cuestión de infraestructura: es una exigencia de transparencia, rendición de cuentas y respeto al ciudadano.
