La Guardia Civil desarticuló una red criminal internacional responsable del robo de 134 kilómetros de cable de cobre, con un peso de 157 toneladas y un valor superior a un millón de euros. Los hechos afectaron a al menos 10 provincias españolas y se vincularon con puntos de almacenamiento en Francia y Portugal. Se detuvo a 39 personas, la mayoría ciudadanos de Europa del Este radicados en Córdoba.
¿Cómo operaba la red de robo de cobre en España?
La organización actuaba con estructura jerárquica y coordinación transfronteriza. Desde una base en la provincia de Córdoba, sus miembros planificaban robos en infraestructuras críticas: líneas telefónicas, redes eléctricas y tendidos ferroviarios. Usaban vehículos sin identificación y equipos especializados para cortar y transportar el cable de cobre.
Tácticas de evasión y logística ilícita
Los investigadores identificaron tres centros de acopio clave: una nave industrial en Logroño, un almacén en el departamento francés de Bayona, y otro en la región portuguesa de Águeda-Aveiro. Estos espacios servían para fundir, empaquetar y reexportar el metal, dificultando su rastreo.
¿Qué impacto económico tuvieron estos robos?
Los 33 robos confirmados generaron interrupciones en servicios esenciales. En Ávila, el robo en la carretera entre El Barco y Los Llanos de Tormes dejó sin cobertura telefónica a más de 12.000 usuarios durante 72 horas. Las reparaciones superaron los 280.000 euros solo en esa provincia. A nivel nacional, el coste real —incluyendo mantenimiento, seguridad y pérdida de productividad— se estima en más de 4,2 millones de euros.
Daño a infraestructuras críticas
El cable de cobre no es un bien fungible: su extracción en redes activas provoca cortes eléctricos, fallos en emergencias y riesgos de electrocución. En 2025, el Ministerio de Transportes registró un aumento del 37 % en incidencias por vandalismo en redes de telecomunicaciones, vinculadas directamente al tráfico de metales no ferrosos.
¿Qué marco legal se aplica a estos delitos?
Los arrestos se sustentan en el Código Penal español, especialmente en los artículos 239 (robo con fuerza) y 241 (robo de bienes destinados a servicios públicos). Además, la Fiscalía especializada en Delitos contra el Patrimonio ha activado la figura de delito organizado, al comprobar la participación de más de 10 personas con división de funciones y beneficio compartido.
Cooperación judicial transfronteriza
La operación contó con el apoyo de Europol, Interpol y la Red de Fiscales Europeos contra el Crimen Organizado (EMPACT). España ha ratificado el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y el Protocolo de Palermo, lo que permite la extradición acelerada y el bloqueo de cuentas vinculadas al blanqueo de capitales derivado del tráfico de cobre.
¿Qué datos clave debe conocer el sector energético y de telecomunicaciones?
- Se incautaron 157 toneladas de cobre, equivalente a 134 km de cable estándar.
- Los 33 robos afectaron a 10 provincias españolas: Ávila, La Rioja, Córdoba, Asturias, Burgos, Cáceres, León, Lugo, Salamanca, Valladolid y Zamora.
- La red operaba desde 2024, con expansión a Francia y Portugal desde 2025.
- El 82 % de los detenidos carecía de antecedentes penales en España, lo que dificultó su identificación inicial.
- El valor real del cobre robado supera el millón de euros, pero su impacto en infraestructura crítica eleva la pérdida total a más de 4,2 millones.
¿Qué medidas preventivas recomiendan las autoridades?
Las empresas de telecomunicaciones y distribución eléctrica deben actualizar sus protocolos de vigilancia perimetral, instalar sensores de vibración en postes y usar cable de cobre con trazabilidad RFID. El Ministerio del Interior impulsa desde 2025 el Registro Nacional de Metales No Ferrosos, obligatorio para compradores y recicladores. Su cumplimiento reduce un 63 % los casos de reventa ilícita, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
