El término lawfare ya no es un concepto académico marginal. En España, ha entrado en el debate político y jurídico con fuerza. Baltasar Garzón lo sitúa como eje central de su ensayo La democracia amenazada, publicado en 2026. El exmagistrado alerta de que la justicia se está usando como arma política. No se trata de cuestionar la independencia judicial, sino de identificar patrones de presión, sesgo mediático y coordinación institucional que distorsionan procesos penales reales.
¿Qué significa lawfare según Garzón?
Garzón define el lawfare como la instrumentalización del Derecho para fines ajenos a la justicia imparcial. No implica necesariamente corrupción individual. Se trata de un fenómeno sistémico: cuando fiscales, jueces, medios y partidos actúan en sintonía con objetivos políticos. Por ejemplo, la apertura simultánea de causas contra líderes de distintos partidos, sin correlato probatorio sólido, o la filtración selectiva de diligencias a la prensa.
El papel de la UCO y los tribunales
Garzón acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de «marcar el paso a los tribunales». No cuestiona su competencia, sino su autonomía real. Señala que, en varios casos recientes, las investigaciones policiales han anticipado conclusiones judiciales antes de que exista una acusación formal. Eso rompe el equilibrio entre investigación, acusación y sentencia.
¿Es el lawfare una amenaza real para la democracia española?
Sí. El lawfare erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando los procesos penales se perciben como herramientas de desgaste político, disminuye la legitimidad del sistema. En 2025, el 62 % de los españoles afirmó en una encuesta de CIS que «no confía en que la justicia actúe con igualdad ante todos los partidos». Esa desconfianza tiene coste económico: inversores extranjeros retrasan decisiones de inversión en sectores regulados por el Estado, como energía o infraestructuras.
El impacto en la inversión y la gobernanza
Un informe del Banco de España (abril 2026) vincula la percepción de inestabilidad jurídica con una caída del 1,3 % en la inversión extranjera directa (IED) en el primer trimestre. Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido 47 quejas formales desde 2023 por presuntas presiones externas en causas sensibles. Ninguna ha derivado en sanción, pero sí en reasignaciones de juzgados.
¿Qué marco legal existe para frenar el lawfare?
No existe una ley que lo prohíba expresamente. Pero sí hay mecanismos: el artículo 117 de la Constitución exige imparcialidad e independencia judicial. El Estatuto de los Jueces y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prohíben la injerencia externa. Sin embargo, su aplicación es débil. No hay sanciones efectivas para filtraciones, ni protocolos claros para investigar presiones mediáticas o políticas sobre jueces.
La reforma pendiente del CGPJ
El nuevo CGPJ, renovado en marzo 2026, ha incluido en su plan estratégico la creación de una Comisión de Integridad Judicial. Su función será auditar causas con alto impacto mediático y evaluar si hubo interferencias. Aún no tiene presupuesto ni competencias sancionadoras.
¿Qué dice Garzón sobre las elecciones y la corrupción?
Garzón rechaza vincular automáticamente causas abiertas por corrupción con la necesidad de convocar elecciones. «Que haya causas abiertas no es motivo aún para convocar elecciones», afirma. Subraya que la democracia no se defiende con adelantos electorales, sino con garantías procesales reales. Su crítica apunta al uso político de la justicia, no a la justicia como tal.
Datos Clave
- El lawfare no es delito, pero sí una práctica que vulnera el principio de imparcialidad judicial.
- En 2025, el 62 % de los ciudadanos españoles desconfía de la igualdad ante la justicia según CIS.
- La inversión extranjera directa cayó un 1,3 % en el primer trimestre de 2026 por inestabilidad jurídica percibida.
- El CGPJ recibió 47 quejas por presión externa en causas sensibles desde 2023.
- No existe una ley específica contra el lawfare, pero sí normas constitucionales y orgánicas que lo prohíben de forma implícita.
