Argentina, de 88 años y con insuficiencia cardíaca grave, enfrenta un desahucio inminente en Grado. Su exmarido, también su agresor, es el propietario del piso. El Sindicato de Inquilinos de Asturias exige intervención urgente de las consejerías de Bienestar y Vivienda. Su vida corre peligro si se ejecuta el lanzamiento.
¿Qué hace la ley ante un desahucio de una mujer mayor víctima de violencia de género?
La Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, obliga a priorizar la seguridad de las víctimas. Sin embargo, su aplicación en procesos de desahucio sigue siendo deficiente. No existe una suspensión automática del lanzamiento aunque la persona esté inscrita en el Registro de Víctimas de Violencia de Género.
La Ley de Enjuiciamiento Civil permite la suspensión del desahucio si concurren causas de riesgo vital o vulnerabilidad extrema, como la edad avanzada y patologías graves. Pero la carga de la prueba recae en la afectada, quien rara vez cuenta con apoyo jurídico o médico oportuno.
¿Por qué este caso revela fallas estructurales en la protección habitacional?
El caso de Argentina expone la brecha entre normativa y práctica. Aunque la Estrategia Nacional de Vivienda 2023–2030 apuesta por la protección de colectivos vulnerables, no hay protocolos obligatorios para los juzgados ni coordinación efectiva entre servicios sociales y órganos judiciales.
En Asturias, la Ley 11/2022 de Vivienda y Rehabilitación Urbana establece mecanismos de mediación y realojo. Pero su aplicación es discrecional y depende de la disponibilidad de viviendas públicas —actualmente insuficiente. El parque de vivienda protegida en el concejo de Grado es inferior al 3 % del total.
Falta de coordinación interadministrativa
No hay un canal unificado entre el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género, la Dirección General de Vivienda y los juzgados de lo social. Esto impide activar medidas preventivas en tiempo real.
Ausencia de evaluación de riesgo habitacional
No se aplica un informe técnico de vulnerabilidad habitacional, exigido por la Directiva Europea 2023/1116 sobre vivienda digna, que obliga a valorar salud, edad y contexto de violencia antes de autorizar un desalojo.
¿Qué responsabilidad tienen las administraciones autonómicas y locales?
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Asturias tiene competencia exclusiva sobre protección a víctimas. La de Vivienda gestiona el acceso a alojamientos públicos. Ambas han sido advertidas formalmente por el sindicato, pero no han activado medidas de emergencia.
El Plan de Acción contra la Pobreza Energética y Habitacional de Asturias prevé 12 millones de euros para 2026. Sin embargo, menos del 8 % se destina a casos de violencia de género con riesgo sanitario.
Impacto económico del desahucio forzado
Un desahucio sin alternativa habitacional genera costes públicos adicionales: atención hospitalaria por crisis cardíacas agudas, ingresos en residencias de urgencia y derivaciones a servicios sociales de emergencia. Cada caso evitable ahorra al menos 18.500 € anuales al sistema.
¿Qué puede hacer la sociedad civil ante estos desahucios?
El Sindicato de Inquilinos no actúa como grupo de presión aislado. Coordina con ONGs especializadas en género, como Mujeres en Zona de Conflicto Asturias, y con colegios de abogados para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito. Su presencia en el lanzamiento no es desobediencia, sino ejercicio del derecho de interposición ciudadana ante riesgo vital.
Datos Clave
- Argentina tiene 88 años y sufre insuficiencia cardíaca grave.
- El demandante es su exmarido y agresor, no necesita la vivienda para su uso habitual.
- El desahucio se ejecuta sin evaluación previa de riesgo habitacional ni informe médico vinculante.
- Asturias cuenta con menos de 150 viviendas de emergencia para víctimas de violencia de género en toda la región.
- La tasa de desahucios a personas mayores de 75 años en Asturias aumentó un 42 % desde 2022.
El marco legal existe, pero su aplicación es fragmentada y reactiva. La protección efectiva exige que los juzgados integren los informes de servicios sociales como prueba preconstituida. Que las consejerías activen protocolos obligatorios, no voluntarios. Y que la vivienda deje de ser un derecho teórico para convertirse en una garantía real para quienes más la necesitan.
