La presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 se ha convertido en un tema candente en la política española. A pesar de que el presidente Pedro Sánchez ha manifestado su intención de llevar adelante este proyecto, la realidad en el seno del Gobierno es más compleja. Los diferentes socios de la coalición han comenzado a expresar sus exigencias, lo que ha generado un clima de incertidumbre sobre la viabilidad de las cuentas públicas.
### La complejidad de las negociaciones
Las negociaciones para la aprobación de los presupuestos son un proceso intrincado que requiere la colaboración de múltiples partidos políticos. En este contexto, los socios del Gobierno han comenzado a poner sobre la mesa sus condiciones, lo que ha llevado a un escenario de tensión y desconfianza. Por ejemplo, ERC ha dejado claro que no se puede hablar de nuevos acuerdos mientras no se cumplan los pactos previos. La financiación singular para Catalunya es uno de los puntos críticos que han señalado, y su líder, Oriol Junqueras, ha advertido que sin el cumplimiento de estos acuerdos no habrá presupuestos ni a nivel estatal ni en Catalunya.
Por otro lado, Junts ha manifestado que su apoyo a los presupuestos está condicionado a la transferencia de 50.000 millones de euros a las arcas catalanas, una cifra que consideran justa debido a los incumplimientos de presupuestos anteriores. Además, exigen avances en la oficialidad del catalán en la Unión Europea y el traspaso de competencias en inmigración. Estas demandas son solo algunas de las que complican aún más el panorama.
EH Bildu, aunque ha sido un socio más leal, también ha dejado claro que espera que se presenten presupuestos en 2026. La discreción en sus negociaciones ha sido notable, pero la presión sobre el Gobierno para que cumpla con sus compromisos es palpable. Por su parte, el PNV ha señalado la necesidad de un «acuerdo importante» para revitalizar la legislatura, lo que pone de manifiesto que la búsqueda de consensos es esencial para la estabilidad del Gobierno.
### Las exigencias de los socios
Las exigencias de los diferentes partidos que apoyan al Gobierno son variadas y, en muchos casos, difíciles de cumplir. Podemos, por ejemplo, ha declarado que la legislatura está «finiquitada», pero no se atreve a romper completamente con el Ejecutivo. Sus condiciones para apoyar los presupuestos incluyen frenar el gasto en Defensa, romper relaciones con Israel y establecer un embargo total de armas, así como una drástica reducción del 40% en los precios de los alquileres. Estas demandas son vistas como inasumibles por el Gobierno, lo que añade otra capa de complejidad a las negociaciones.
El BNG y Coalición Canaria también han expresado sus preocupaciones, centrándose en la necesidad de cumplir con los acuerdos de inversión territorial. En particular, el BNG ha subrayado la importancia de modernizar el sistema ferroviario y vial, lo que debe reflejarse en las cuentas del próximo año. La aritmética parlamentaria es ajustada, y cada voto cuenta, lo que hace que el Gobierno deba considerar todas las exigencias de sus socios.
La situación actual pone de manifiesto que la negociación de los presupuestos es un proceso lleno de desafíos. La presión de los diferentes partidos, cada uno con sus propias prioridades y exigencias, hace que la tarea de Sánchez sea monumental. A medida que se acercan las fechas clave para la presentación de los presupuestos, la incertidumbre sobre su aprobación se incrementa, lo que podría tener repercusiones significativas en la estabilidad del Gobierno y en la política española en general. La capacidad del Ejecutivo para gestionar estas complejas negociaciones será crucial para su futuro y el de sus socios.
