El anuncio de Corteva Agriscience de cerrar su planta de Gijón pone en riesgo los empleos de 73 trabajadores y activa mecanismos de intervención del Gobierno de Asturias. El Principado exige que la multinacional busque socios o compradores antes de proceder al cese definitivo. La fábrica produce Picoxystrobin, un principio activo clave para fungicidas, con exportación total y tecnología de vanguardia. Su ubicación estratégica y el respaldo histórico del Principado refuerzan su potencial de reactivación.
¿Por qué el Principado exige socios o compradores para la planta de Corteva?
El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, subraya que la planta no es obsoleta. Tiene tecnología avanzada, capacidad de reconversión productiva y un emplazamiento privilegiado en el Parque Empresarial de Gijón. El Gobierno regional insiste en que el cierre no es inevitable. Apela a la responsabilidad social corporativa de Corteva y a su compromiso con las comunidades donde opera.
El precedente francés como modelo de gestión
Campo cita un caso reciente en Francia, donde Corteva evitó el cierre mediante un acuerdo con un comprador estratégico. Ese modelo incluyó garantías de continuidad productiva y mantenimiento de puestos. El Principado exige replicar ese esquema: diálogo temprano, transparencia y compromiso contractual antes de cualquier decisión irreversible.
¿Qué dice la normativa sobre cierres industriales en España?
El cierre de plantas con más de 50 empleados activa el procedimiento de despido colectivo (ERE) bajo el Estatuto de los Trabajadores. Corteva debe notificar con 30 días de antelación, negociar con los representantes legales y justificar la decisión con causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Además, la Ley de Cambio Climático y la Estrategia Industrial de Asturias 2030 exigen evaluar el impacto en la transición justa y en la soberanía agroalimentaria.
Obligaciones legales pendientes
- Presentación de un informe de impacto socioeconómico ante la Consejería de Industria.
- Evaluación de alternativas de reconversión productiva bajo el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
- Cumplimiento de la Directiva Europea sobre Debida Diligencia Corporativa, que exige evaluar riesgos laborales y comunitarios.
¿Cuál es el impacto económico real del cierre?
La planta aporta más de 12 millones de euros anuales al PIB regional y genera más de 200 empleos indirectos en logística, proveeduría y servicios técnicos. Su cese afectaría a la cadena de valor del sector agroquímico español, que depende del 70 % de sus insumos de producción nacional. Además, Asturias perdería una de sus pocas instalaciones con certificación REACH y capacidad de síntesis orgánica compleja.
Datos Clave
- La planta emplea a 73 trabajadores directos, con una media de antigüedad superior a 15 años.
- Produce Picoxystrobin, principio activo exportado íntegramente a la UE, EE.UU. y Brasil.
- Recibió más de 4,2 millones de euros en ayudas públicas desde su inauguración en 2015.
- Su cierre podría reducir un 1,3 % la facturación industrial del concejo de Gijón en 2027.
- El Principado ha activado el Fondo de Transición Justa para apoyar reubicación y formación.
¿Qué alternativas reales existen para evitar el cierre?
El Principado propone tres vías viables: alianzas industriales con empresas del sector fitosanitario, adquisición por fondos de inversión especializados en activos industriales sostenibles y conversión a producción de bioinsumos, alineada con la Estrategia Nacional de Bioeconomía. Ya hay contactos preliminares con dos empresas europeas interesadas en su infraestructura y certificaciones.
Factores que favorecen la continuidad
- Certificación ISO 14001 y OHSAS 18001, clave para compradores ESG-compliant.
- Acceso directo al puerto de El Musel, reduciendo costes logísticos un 22 %.
- Experiencia consolidada en regulación de productos fitosanitarios ante la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
El escenario no es irreversible. La planta de Corteva en Asturias sigue siendo un activo estratégico. Su futuro depende de la voluntad de la empresa, la presión institucional y la capacidad de articular soluciones técnicas, legales y financieras en tiempo real.
