El informe 98/2026 de la UCO profundiza en irregularidades contables en la sede del PSOE en Ferraz. Detecta pagos no registrados, contratos simulados y circuitos opacos de financiación. No confirma una caja B formal, pero acumula indicios graves sobre la falta de trazabilidad en gastos partidarios. La investigación se vincula con el caso cloacas y la pieza secreta del caso Koldo, ampliando el alcance judicial sobre la gestión financiera del partido.
¿Qué encontró la UCO en su informe 98/2026?
La UCO identificó facturas extracontables: documentos emitidos pero no incluidos en los libros contables entregados por el PSOE. También halló contratos genéricos sin objeto definido, firmados con despachos y consultoras. Estos instrumentos habrían servido para canalizar fondos sin justificación técnica ni económica.
Los agentes rastrearon abonos realizados mediante instrucciones verbales. No hubo órdenes escritas ni autorizaciones formales. Además, detectaron viajes autorizados sin documentación de propósito institucional. Todo ello evidencia una ausencia sistemática de control interno.
¿Cómo se relaciona con el caso cloacas?
El informe forma parte de la investigación del juez Santiago Pedraz, centrada en la red de Leire Díez, acusada de desestabilizar procedimientos judiciales. Aunque Pedraz no investiga directamente la caja socialista, su sumario se solapa con la pieza secreta del caso Koldo, instruida por el juez Ismael Moreno. Esta pieza analiza pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García, sin respaldo documental, entre 2017 y 2024.
Moreno ya exigió al PSOE la relación completa de todos los pagos en efectivo en ese periodo. También ordenó a la UCO profundizar en su origen, destino y justificación. El cruce entre ambas investigaciones refuerza la presión sobre la transparencia financiera del partido.
¿Qué dice la historia reciente sobre el control contable en Ferraz?
El descontrol ya fue certificado en el caso mascarillas. El exgerente Mariano Moreno Pavón reconoció ante el Tribunal Supremo que Ábalos «se autorizaba y autorizaba todos los gastos» de la Secretaría de Organización. Su supervisión se limitaba a «ojear visualmente la liquidación». Nunca verificó el destino final de los fondos entregados.
El juez Leopoldo Puente calificó esa práctica como ausencia total de control. «No me diga usted que eso es un control», le respondió. Esta declaración refuerza la gravedad de los hallazgos actuales: no se trata de errores aislados, sino de un patrón estructural de opacidad.
¿Cuál es el marco legal aplicable?
La Ley de Partidos Políticos exige contabilidad rigurosa, auditorías externas y publicación anual de cuentas. Los pagos en metálico superiores a 2.500 euros están prohibidos. Cualquier desvío puede constituir delito de blanqueo, fraude contable o financiación ilegal de partidos, sancionado con penas de hasta 6 años de prisión.
La Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos obliga a justificar el origen y destino de todos los ingresos y gastos. La falta de documentación no es una laguna administrativa: es un indicio de ocultamiento.
¿Cuál es el impacto económico y político actual?
El PSOE gestionó 12,4 millones de euros en subvenciones públicas en 2025, según la Junta Electoral Central. Cualquier irregularidad en su contabilidad afecta directamente a la confianza ciudadana y al uso de fondos públicos. Además, el caso genera riesgos reputacionales para el Gobierno, al vincularse con figuras de primer nivel.
Desde el punto de vista económico, los costes legales, auditorías externas obligatorias y posibles multas podrían superar los 2 millones de euros. La incertidumbre judicial también frena decisiones estratégicas de financiación partidaria.
Datos Clave
- El informe 98/2026 no afirma la existencia de una caja B, pero sí acumula indicios contables graves.
- Se detectaron facturas extracontables, contratos simulados y pagos sin justificación técnica.
- La investigación se solapa con la pieza secreta del caso Koldo, que analiza 7 años de pagos en metálico.
- El exgerente del PSOE admitió ante el Supremo que no verificaba el destino real de los fondos.
- La Ley de Partidos exige trazabilidad total: los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros son ilegales.
- El PSOE recibió 12,4 millones de euros en subvenciones públicas en 2025.
