El cementerio de San Andrés, en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), está en fase crítica de expropiación. La empresa La Solana acepta una tasación de 489.284 euros, más intereses, pero rechaza una segunda valoración municipal de solo 75.000 euros. El expediente avanza bajo presión judicial y demanda de transparencia política.
¿Qué impulsa la tasación de 500.000 euros para el cementerio de El Entrego?
El valor no surge de una estimación aislada. Se sustenta en múltiples tasaciones privadas que coinciden en un rango superior a los 500.000 euros. Estas valoraciones consideran la superficie, la antigüedad, la infraestructura existente y el coste real de reposición. Además, la sentencia judicial de septiembre de 2025 obliga al Ayuntamiento a agilizar el expediente y abonar una indemnización anticipada de 74.248 euros, reconocida como contraprestación por la ocupación previa.
El papel de la sentencia judicial de 2025
La resolución judicial no solo acelera el proceso: establece un marco vinculante para la administración. Obliga al Consistorio a emitir un informe municipal de valoración bajo plazo razonable. Ese documento es clave para cerrar el justiprecio, concepto legal que garantiza una compensación justa en expropiaciones forzosas.
¿Por qué hay dos tasaciones tan distintas?
La primera valoración municipal, realizada en 2024, aplicó criterios técnicos estándar de patrimonio público. La segunda, más baja, se basó en una reinterpretación del uso del suelo y en supuestos de obsolescencia funcional. Sin embargo, La Solana argumenta que esa segunda tasación ignora inversiones privadas realizadas, la demanda real de nichos y el valor histórico del recinto.
El impacto económico local
La transacción afecta directamente al presupuesto municipal. Un desembolso cercano a los 500.000 euros representa más del 1,2 % del gasto corriente anual del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. Además, retrasos o litigios prolongados generan costes adicionales: intereses de demora, gastos procesales y pérdida de credibilidad institucional ante inversores y ciudadanos.
¿Qué exige la oposición política en San Martín del Rey Aurelio?
Los grupos de la oposición —Arranca y PP— denuncian falta de transparencia. No tenían acceso al expediente ni a las tasaciones oficiales hasta hace días. Exigen la publicación íntegra del informe municipal y la convocatoria de un pleno monográfico, tal como se hizo en 2025. La presión busca evitar decisiones opacas en un asunto con alto impacto emocional y patrimonial.
El marco legal de la expropiación
El proceso se rige por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, actualizada por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Establece que el justiprecio debe reflejar el valor de mercado, sin perjuicio de mejoras realizadas por el propietario. También exige publicidad del expediente y derecho de alegación.
¿Cuál es el estado actual del expediente?
El informe municipal está pendiente de aprobación. Se espera en los próximos días, tras cinco meses de retraso desde la solicitud judicial. Una vez emitido, se iniciará la fase de alegaciones y, posteriormente, la fijación definitiva del precio. Si no hay acuerdo, la vía judicial será la siguiente instancia.
Datos Clave
- La Solana acepta 489.284 euros, más intereses, pero rechaza la tasación de 75.000 euros.
- La sentencia de septiembre de 2025 exige al Ayuntamiento abonar 74.248 euros como indemnización anticipada.
- El informe municipal de valoración fue requerido por la justicia hace cinco meses.
- La oposición exige acceso al expediente y pleno monográfico ante la falta de transparencia.
- El valor del cementerio supera el 1,2 % del gasto corriente anual del Consistorio.
El conflicto trasciende lo económico: pone a prueba la capacidad de la administración local para equilibrar legalidad, transparencia y gestión patrimonial responsable. La resolución definirá un precedente para futuras expropiaciones en zonas mineras con patrimonio privado consolidado.
