La Fiscalía de Asturias no juzga, pero sí impulsa la justicia. Su función es garantizar el respeto a la ley, proteger a las víctimas y velar por los derechos fundamentales. Gabriel Bernal del Castillo, Fiscal Superior de Justicia de Asturias, lo dejó claro en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS: la institución es un servicio público accesible, no un tribunal. Cualquier ciudadano puede acudir a su sede en Marcos del Torniello, Avilés, de 9 a 14 horas, sin cita previa.
¿Qué funciones reales tiene la Fiscalía más allá de lo penal?
La Fiscalía actúa en múltiples ámbitos: derecho contencioso-administrativo, derecho laboral, protección de menores y violencia de género. Su labor no se limita a acusar en juicios penales. También interviene en recursos contra actos de la Administración, reclamaciones por despidos injustos o tutela de personas vulnerables.
Bernal del Castillo subrayó que la especialización es obligada. La complejidad social exige fiscales con formación específica. Por eso se crearon figuras como el Fiscal Delegado en Violencia de Género, un cargo que él mismo ocupó como pionero en Asturias.
¿Por qué la Fiscalía no es poder judicial?
Aunque forma parte del sistema de justicia, la Fiscalía no ejerce función jurisdiccional. No dicta sentencias ni resuelve causas. Su rol es promover la acción de la justicia, ejercer la acusación pública y supervisar la legalidad de las actuaciones policiales y judiciales. Es un órgano independiente, pero no autónomo del poder ejecutivo ni del legislativo: su dependencia funcional es del Ministerio Fiscal, con autonomía garantizada por la Constitución.
¿Cómo responde la Fiscalía ante una denuncia de violencia de género?
Al recibir una denuncia, la Fiscalía activa de inmediato un protocolo de valoración de riesgo. Se coordina con la Policía, los juzgados de violencia sobre la mujer y los servicios sociales. Se emite una medida cautelar en menos de 72 horas si hay indicios de peligro. No espera a que se abra una causa formal: actúa con celeridad para proteger a la víctima.
¿Qué impacto económico y social tiene su labor en Asturias?
En 2025, la Fiscalía de Asturias tramitó más de 12.400 asuntos relacionados con violencia de género. Cada caso resuelto con eficacia evita costes públicos posteriores: atención sanitaria de emergencia, acogida en pisos de protección, asistencia psicológica prolongada. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, cada euro invertido en prevención y actuación temprana en este ámbito genera un retorno de 4,3 euros en ahorro social.
Datos Clave
- La Fiscalía es un servicio público accesible: sin cita previa, de 9 a 14 h, en Marcos del Torniello (Avilés).
- No es poder judicial, pero sí garante de la legalidad y de los derechos fundamentales.
- El Fiscal Delegado en Violencia de Género coordina actuaciones interinstitucionales en tiempo real.
- En Asturias, el 68 % de las órdenes de protección se dictan en menos de 24 horas tras la denuncia.
- La especialización fiscal reduce un 31 % el tiempo medio de resolución de causas por violencia machista.
El marco legal que sustenta su actuación incluye la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley 27/2013 de Régimen Jurídico del Ministerio Fiscal y la Constitución Española, especialmente sus artículos 124 y 149.2.
La actualidad exige que la Fiscalía no solo responda, sino que prevenga. Su proximidad a la ciudadanía —como en el Aula de Cultura— no es una estrategia de comunicación: es una obligación constitucional de transparencia y servicio. Y cuando un fiscal habla de «tristeza» ante discursos que cuestionan realidades como la violencia de género, no expresa una opinión personal: refleja el peso de una institución que defiende lo indiscutible: la dignidad humana.
