María Jesús Montero declara hoy ante la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI, a solo diez días del inicio de la campaña electoral andaluza. Su gestión como ministra de Hacienda y presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales está bajo escrutinio. La Junta Electoral Central rechazó su excusa de impedimento, afirmando que las funciones parlamentarias no se suspenden por procesos electorales.
¿Por qué la comparecencia de Montero genera tensión política?
La citación se produce en un momento crítico: el 1 de mayo arranca la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Montero es candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía. El PSOE alegó que la convocatoria era una maniobra del PP para desgastarla electoralmente. La Junta Electoral Central (JEC) desestimó esa petición. Su resolución subrayó que la autonomía parlamentaria no cede ante calendarios electorales.
El marco legal es claro: no hay suspensión automática
La Constitución y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no prevén la paralización de comisiones parlamentarias durante precampañas. La JEC reafirmó que la neutralidad institucional no depende de la fecha, sino del comportamiento de los actores. Su llamado a «extremar el cuidado» en las declaraciones es un recordatorio tácito de que el uso político del escenario parlamentario sí puede vulnerar esa neutralidad.
¿Qué responsabilidades tuvo Montero en la SEPI?
Montero dirigió la SEPI desde junio de 2018 hasta marzo de 2026. En ese periodo, la sociedad estatal gestionó participaciones en empresas estratégicas como Enusa, Hunosa, Navantia y SEPI Aeroespacial. La comisión investiga decisiones clave: reestructuraciones accionariales, nombramientos de consejeros, y la gestión de fondos públicos en empresas con déficits recurrentes.
La SEPI no es un ente meramente financiero
Su función incluye política industrial, apoyo a la transición energética y salvaguarda del empleo en sectores sensibles. Cualquier desviación en su gobernanza puede tener impacto directo en la economía andaluza: más de 12.000 empleos dependen de empresas con participación SEPI en la región, según datos del Ministerio de Industria de 2025.
¿Cuál es el impacto económico real de esta investigación?
La SEPI gestiona activos por más de 14.000 millones de euros. Su eficiencia afecta a la credibilidad del Estado como accionista. Si se confirman irregularidades en la etapa de Montero, podrían activarse mecanismos de responsabilidad patrimonial. Además, el caso influye en la percepción de los inversores sobre la estabilidad regulatoria en sectores clave como la energía nuclear o la defensa.
Andalucía está en el centro del análisis
Tres de las siete empresas con mayor peso en la cartera SEPI tienen sedes o plantas operativas en Andalucía: Enusa (ciclo del combustible nuclear en Sevilla), Navantia (astillero de San Fernando) y SEPI Aeroespacial (alianzas con empresas de Sevilla y Málaga). Cualquier decisión estratégica tomada entre 2018 y 2026 sigue vigente y condiciona proyectos de I+D+i regionales.
¿Qué dice la normativa sobre la inmunidad de los candidatos?
No existe inmunidad parlamentaria ni electoral para comparecencias en comisiones de investigación. La Ley del Estatuto de los Diputados y Senadores establece que los cargos electorales no eximen del deber de colaboración con los órganos constitucionales. La JEC reiteró que la mera condición de candidato no justifica la suspensión de una citación válida y motivada.
Datos Clave
- La JEC rechazó la petición del PSOE el 15 de abril de 2026 por falta de base legal.
- Montero fue presidenta de la SEPI durante 93 meses, el segundo mandato más largo de su historia.
- La comisión del Senado tiene plazo hasta el 30 de junio para emitir su informe final.
- El 72 % de las empresas bajo control SEPI reportaron resultados positivos en 2025, pero con una brecha de rentabilidad del 18 % frente al sector privado equivalente.
- Andalucía recibe el 14,3 % de la inversión anual de SEPI en I+D+i, según el Informe Anual 2025 de la sociedad.
La presión política no anula la exigencia de transparencia. La gestión de entes públicos como la SEPI debe resistir el escrutinio en cualquier fase del ciclo democrático. La credibilidad del sistema depende de que las instituciones funcionen con independencia, incluso cuando los calendarios electorales se superponen. La declaración de Montero no es un episodio aislado: es una prueba de fuego para la gobernanza pública, la rendición de cuentas y la integridad institucional en España.
