PSOE y Podemos ultiman un mecanismo para ralentizar los desahucios, pero la regulación del alquiler sigue bloqueada

Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para cerrar el texto de la nueva ley de vivienda se reanudarán este jueves, cuando los equipos técnicos del Ministerio de Transportes y el Ministerio de Derechos Sociales mantendrán una reunión para tratar de cerrar uno de los pocos asuntos en los que hay acuerdo entre ambos partidos: la puesta en marcha de un mecanismo que garantice a las familias vulnerables una alternativa para no quedarse en la calle si son desahuciadas. No obstante, los morados exigen que, hasta que esa norma esté en marcha, se prorrogue el actual decreto antidesahucios, una idea ante la que los socialistas no se han pronunciado.

Este mecanismo fue propuesto por escrito por el PSOE a principios de marzo, y es prácticamente el único avance de calado que se ha alcanzado en las conversaciones. Básicamente, la propuesta de los socialistas -que, a grandes rasgos, Unidas Podemos ve con buenos ojos- obligaría legalmente a la justicia a solicitar a los servicios sociales que analicen cada procedimiento de desahucio antes de su ejecución para que, en caso de que determinen que la familia sea económicamente vulnerable, las administraciones tengan que garantizar su realojo en otra vivienda.

Según la propuesta que negocian PSOE y Unidas Podemos, el desahucio quedaría paralizado durante un mes -tres meses, si el propietario del piso a desalojar es una empresa– a partir de la fecha de lanzamiento para que los servicios sociales terminasen de realojar a la familia afectada. De esta suspensión del desalojo no se podrían beneficiar quienes okupen una primera o una segunda residencia, señala expresamente la propuesta.

Según explicaron en su momento fuentes del Ministerio de Transportes, comunidades y ayuntamientos serían los principales encargados de proporcionar los inmuebles para las familias vulnerables, que saldrían de sus parques de viviendas públicas, pero también de acuerdos con la Sareb, bancos y grandes gestores de vivienda con los que Transportes asegura estar negociando acuerdos para que cedan inmuebles.

Los flecos que quedan por solucionar, no obstante, no son menores, y entre otras cuestiones giran en torno a una pregunta que aún no tiene respuesta: qué ocurre si en el plazo de un mes (o tres meses, si el casero es una empresa) las administraciones públicas no han encontrado un piso alternativo a la familia vulnerable que va a ser desahuciada. Según la propuesta inicial del PSOE, si ese plazo se incumpliera, la familia quedaría en la calle. Y Unidas Podemos rechaza esa posibilidad de plano y exige el lanzamiento se suspenda indefinidamente hasta que los desalojados tengan garantizado un nuevo techo.

Así es precisamente como funciona el mecanismo actual, vigente en virtud del decreto antidesahucios aprobado a principios de año y que vence cuando lo haga el estado de alarma, previsiblemente el 9 de mayo. Por ello, este martes el portavoz orgánico de Podemos, Rafael Mayoral, exigió que se prorrogue este decreto -que también recoge la prohibición de cortar los suministros de luz, agua y gas a familias con dificultades- hasta final de año, para dar tiempo a que la ley de vivienda esté pactada entre los socios y pueda haber completado su tramitación parlamentaria.

«Independientemente de lo que ocurra con el estado de alarma, la protección social se tiene que ampliar de forma ineludible», exigió Mayoral en rueda de prensa. «En concreto, planteamos la ampliación del plazo del decreto de protección frente a los desahucios como una cuestión imperiosa mientras termina de salir la ley de vivienda», zanjó.

En la reunión de este jueves, no obstante, no está previsto tocar los dos temas más espinosos y que más discrepancias generan entre PSOE y Unidas Podemos: el método para ampliar el parque público de vivienda y, sobre todo, la regulación del mercado del alquiler. Los socialistas apuestan por construir más pisos y por incentivos fiscales a propietarios que bajen los precios, mientras los morados quieren obligar a los grandes propietarios a poner el 30% de sus pisos en alquiler social y apuestan por establecer límites de precios.

La negociación lleva estancada semanas en esos dos puntos clave, y aunque está previsto que las reuniones de carácter político entre la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el secretario general de Vivienda, David Lucas, se reanuden la semana que viene, parece complicado que las conversaciones vayan a desencallar en plena precampaña de las elecciones madrileñas. El tiempo, no obstante, corre, y ya la ley de vivienda ya acumula dos meses de retraso con respecto al calendario previsto.

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Author: redaccion@20minutos.es (Daniel Ríos)

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