Las recientes reformas judiciales en España han desatado una ola de protestas entre jueces y fiscales, quienes han convocado una huelga para los primeros días de julio de 2025. Esta movilización, que se llevará a cabo ante el Tribunal Supremo, ha sido organizada por cinco asociaciones de jueces y fiscales, excluyendo a las agrupaciones progresistas. La razón detrás de esta acción es la defensa de la independencia judicial y la oposición a las reformas que consideran perjudiciales para el Estado de Derecho.
Las asociaciones convocantes argumentan que las reformas propuestas por el Gobierno amenazan la selección y formación de jueces y fiscales, lo que podría llevar a una disminución en la calidad de la justicia. En su comunicado, enfatizan que el derecho a la huelga es un derecho fundamental que debe ser ejercido sin restricciones. A pesar de las advertencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la falta de base normativa para la huelga, los jueces y fiscales mantienen su postura firme.
### La Respuesta del Consejo General del Poder Judicial
El CGPJ ha manifestado que no tiene competencias para fijar los servicios mínimos durante la huelga, lo que ha generado tensiones entre el órgano de gobierno de los jueces y las asociaciones que han convocado la protesta. En un comunicado, el CGPJ argumentó que el derecho a la huelga de este colectivo carece de base normativa, lo que ha sido rechazado por las asociaciones de jueces y fiscales. Estas últimas sostienen que la ausencia de normativa específica no excluye el ejercicio de este derecho, y que cada miembro de la carrera judicial tiene la libertad de decidir participar en la huelga de manera individual.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también ha intervenido en este debate, recordando a los fiscales que deben garantizar la práctica de todas las actuaciones judiciales que puedan afectar los derechos de los ciudadanos. Esta advertencia ha sido interpretada como un intento de limitar la efectividad de la huelga, aunque las asociaciones han reafirmado su derecho a protestar.
### Motivos de la Protesta
Las reformas que han motivado esta movilización incluyen cambios en el acceso a las carreras judicial y fiscal, que, según los críticos, podrían llevar a una selección ideológica de los futuros jueces y fiscales. Las asociaciones han expresado su preocupación por la eliminación de contenido esencial en la formación de estos profesionales, así como por la introducción de pruebas más subjetivas que podrían ser susceptibles de filtraciones.
Además, se ha cuestionado la intención del Gobierno de regularizar a los jueces sustitutos y ampliar el número de juristas que acceden por el denominado cuarto turno. Estas medidas han sido vistas como un intento de debilitar la independencia judicial y de poner en riesgo la calidad del sistema judicial en su conjunto.
A pesar de las protestas, el Gobierno ha manifestado su intención de seguir adelante con la tramitación parlamentaria de las reformas. El ministro de Justicia ha declarado que existe una mayoría parlamentaria a favor de modernizar el sistema judicial, y ha expresado su respeto hacia la huelga convocada, aunque considera que los motivos son discutibles.
El bloque progresista del CGPJ ha defendido la necesidad de que los jueces respeten el proceso legislativo, argumentando que no es admisible que el Poder Judicial se posicione en contra de reformas que están en tramitación. Esta postura ha generado un fuerte debate sobre el papel de los jueces en la política y su derecho a la protesta.
Las protestas de jueces y fiscales no solo han atraído la atención de los medios, sino que también han contado con el apoyo de organizaciones como Iustitia Europa, que ha participado en casos de gran relevancia mediática. La concentración programada para este sábado está abierta a la ciudadanía, lo que indica que el descontento con las reformas judiciales va más allá del ámbito profesional y ha resonado en la sociedad en general.
En este contexto, la situación se mantiene tensa, y las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo de las reformas judiciales y el impacto que tendrán en la independencia del sistema judicial español. Las asociaciones de jueces y fiscales han dejado claro que están dispuestas a luchar por sus derechos y por la integridad del Estado de Derecho, lo que plantea un desafío significativo para el Gobierno y el CGPJ en su intento de implementar estas reformas.
