El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha tomado una postura firme en relación con el conflicto en Gaza, anunciando un conjunto de medidas que buscan ejercer presión sobre Israel debido a las acciones que considera genocidas contra la población palestina. Este paquete de medidas incluye un embargo permanente de armas a Israel, sanciones al Gobierno de Benjamín Netanyahu y restricciones en el acceso a territorio español para aquellos vinculados con lo que se califica como genocidio en la Franja de Gaza.
Las medidas anunciadas por Sánchez se enmarcan en un contexto de creciente tensión internacional y han suscitado reacciones tanto a nivel nacional como internacional. La decisión de cerrar el espacio aéreo español para el transporte de material de defensa y de prohibir el uso de puertos españoles para buques que transporten combustible al ejército israelí es un paso significativo que refleja un cambio en la política exterior española.
Además, el Gobierno español ha decidido prohibir la importación de productos provenientes de colonias israelíes en territorios ocupados, una medida que busca desafiar la expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania, donde residen más de 700,000 colonos. Esta acción se complementa con la limitación de la asistencia consular a los españoles que residen en estas colonias, lo que indica un enfoque más crítico hacia las políticas israelíes en la región.
### Un Decreto en Proceso
La primera de las medidas, que se refiere a la prohibición de la compraventa de armas a Israel, será aprobada en el próximo Consejo de Ministros mediante un decreto que deberá ser convalidado por el Congreso. Este proceso legislativo es crucial, ya que las decisiones del Gobierno deben contar con el respaldo del parlamento para ser efectivas. Las demás medidas anunciadas, sin embargo, tienen carácter inmediato y dependen directamente del Ejecutivo.
Sánchez ha enfatizado que estas acciones buscan no solo presionar a Israel para que detenga lo que él califica de genocidio, sino también brindar apoyo a la Autoridad Nacional Palestina. Esto incluye un aumento en la contribución a la UNRWA, la agencia de la ONU que asiste a los refugiados palestinos, con una adición de 10 millones de euros para ayudar a la población de Gaza. Además, se prevé un incremento en la ayuda humanitaria destinada a Gaza, con el objetivo de alcanzar los 150 millones de euros en 2026.
El tono de Sánchez durante su comparecencia ha sido notablemente más fuerte y directo, describiendo las acciones del ejército israelí como un exterminio de un pueblo indefenso. Reconoció que España, por sí sola, no puede detener el genocidio, señalando la inacción de las grandes potencias en el conflicto. Esta declaración ha sido interpretada como un llamado a la comunidad internacional para que actúe de manera más decisiva ante la crisis en Gaza.
### Reacciones Internacionales y Nacionales
La respuesta del Gobierno israelí no se ha hecho esperar. Israel ha impuesto sanciones a figuras clave del Gobierno español, como la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Infancia Sira Rego, prohibiéndoles la entrada en Israel y en los territorios ocupados. Estas sanciones se justifican por el Gobierno israelí como una reacción a lo que consideran medidas antisemitistas por parte del Ejecutivo español.
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, ha acusado a Sánchez de utilizar la situación en Gaza para desviar la atención de los problemas internos de corrupción en su Gobierno. Esta retórica ha intensificado las tensiones entre ambos países y ha generado un debate en España sobre la legitimidad y la efectividad de las medidas adoptadas.
Desde el ámbito político español, la coalición de Gobierno formada por el PSOE y Sumar ha estado en constante negociación sobre estas medidas. Yolanda Díaz ha expresado la necesidad de actuar con firmeza contra Israel, planteando la pregunta de por qué se aplican sanciones a otros países como Rusia y no a Israel. Esta postura ha sido respaldada por algunos sectores de la sociedad española que abogan por una política exterior más alineada con los derechos humanos y el derecho internacional.
El Gobierno español ha intentado posicionarse como un líder en la defensa de los derechos palestinos, destacando su papel en el reconocimiento del Estado de Palestina y su iniciativa para revisar el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel. Sin embargo, este enfoque ha generado divisiones dentro de la Unión Europea, donde algunos países se muestran reacios a adoptar medidas similares.
Sánchez ha criticado la respuesta de la UE ante la crisis en Gaza, calificándola de fracaso y señalando la doble moral en la política exterior europea. Este contexto ha llevado a que el conflicto en Gaza se convierta en una de las prioridades de la política exterior española, lo que podría tener repercusiones en las relaciones diplomáticas con otros países y en la política interna del Gobierno.
A medida que se acercan las fechas para la aprobación de los Presupuestos, las tensiones entre los socios de la coalición podrían complicar aún más la situación. Podemos, por ejemplo, ha exigido la ruptura de relaciones con Israel como condición para apoyar los Presupuestos, lo que añade una capa adicional de complejidad a la ya tensa situación política en España.
El anuncio de estas medidas por parte del Gobierno español representa un cambio significativo en la política exterior del país y refleja un creciente compromiso con la causa palestina. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre las posibles repercusiones en las relaciones internacionales y en la estabilidad política interna. La situación en Gaza sigue siendo un tema candente que requiere atención y acción por parte de la comunidad internacional, y España ha decidido asumir un papel proactivo en este contexto.
