Licencia para ofrecer

Si sumamos el costo de los ofrecimientos electorales realizados anteayer en Chota por Pedro Castillo y Keiko Fujimori, este quebraría el Presupuesto General de la República de los próximos tres años y no se podría hacer gasto en otras actividades. Muestra de lo perversa que puede ser la competencia electoral en términos de irresponsabilidad económica pues otorga a sus participantes patente de corso para desconocer las leyes de equilibrio fiscal y de presupuesto. La realidad, en cambio, es más dura: el nuevo gobernante recibirá solo la mitad de lo programado este año, con varios sobregiros a causa de la situación de pandemia.

Lo más grave es que ninguno de los dos candidatos ha sido capaz de explicar a los votantes cómo se van a aplicar sus altisonantes medidas y cómo van a repercutir en la mejora de la economía del país, embarcándose ambos en cambio en el más puro populismo. En Castillo, es un populismo ideológico, esto es su concepción de que el Estado debe dotar de la mayor cantidad de servicios y subsidios a los ciudadanos, aumentando los impuestos a los ricos o nacionalizando a las corporaciones extranjeras. En el caso de Keiko se trata de un populismo electorero pues ella no puede alegar que desconoce la lógica del sistema económico. En su caso, ese camino le puede costar caro cuando no pueda cumplir con lo ofrecido y se genere una crisis política. Habría que recordarle que los rasgos populistas del gobierno de su padre se dieron en un contexto de dictadura, situación muy difícil de replicar ahora. Por ello, en realidad se trata de dos variantes de un populismo utópico, imposible de realizar.

Incluso, Keiko supera a Castillo al anunciar la distribución del 40% del canon minero en forma directa. En 2020, el canon llegó a 2,619 millones de soles, pero el propio Banco Mundial señala que solo seis regiones del país reciben más del 70% del canon, mientras otras 14 regiones acceden a 3% del total. Es decir, una bolsa con muy pocas posibilidades de ser redistributiva. Mucho más beneficioso sería dedicar ese dinero a carreteras o represas, que crean empleo y recuperan la inversión.

Que los gobiernos regionales o las municipalidades no tengan capacidad de ejecución no justifica engordar el asistencialismo. O si no, que se mire al ejemplo de Argentina.

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Author: Diario UNO

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