La reciente declaración de Antxon Alonso, propietario de Servinabar, ante el Tribunal Supremo ha puesto de relieve una compleja red de corrupción que involucra a altos funcionarios del PSOE y a varias empresas en la adjudicación de obras públicas. Este caso, que se remonta a 2015, ha desatado una crisis sin precedentes en el Gobierno de Pedro Sánchez, revelando la profundidad de las irregularidades en la contratación pública en España.
La historia comienza con Koldo García, un empresario que, en conversaciones interceptadas por la UCO de la Guardia Civil, expresa su frustración por la ausencia de sus socios Santos Cerdán y Antxon Alonso en un evento social. Estas conversaciones, que se han convertido en pruebas clave, sugieren que la relación entre estos individuos no solo era de amistad, sino que también estaba marcada por un entramado de corrupción que se benefició de amaños en la adjudicación de contratos públicos.
### Vínculos empresariales y políticos
Antxon Alonso, quien se presenta como administrador de varias empresas, se encuentra en el centro de esta trama. Según el juez del Supremo, Leopoldo Puente, Servinabar, una pequeña constructora de Navarra, ha sido beneficiaria de numerosos contratos desde 2016, a pesar de su limitada experiencia en el sector. La UCO ha encontrado un contrato privado en la vivienda de Alonso que cede el 45% de las participaciones de Servinabar a Cerdán, lo que establece una clara conexión entre ambos y sugiere un posible conflicto de intereses en la adjudicación de obras.
Entre los contratos más destacados se encuentran seis obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, que han levantado sospechas por las irregularidades en su proceso de licitación. La obra más controvertida es la del túnel de Belate, valorada en 76 millones de euros, que fue adjudicada a Servinabar en asociación con Acciona y Excavaciones Fermín Osés. La Cámara de Comptos de Navarra ha señalado múltiples irregularidades en este proceso, lo que ha llevado a un mayor escrutinio sobre la relación entre Servinabar y los funcionarios del Gobierno.
Además de su papel en la construcción, Alonso también ha tenido un papel político significativo. Según las declaraciones de Cerdán, Alonso ayudó a conseguir el apoyo de partidos como PNV y Bildu para la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Este apoyo político ha sido corroborado por Arnaldo Otegi, aunque los representantes del PNV han negado cualquier vinculación directa.
### Pruebas de corrupción y pagos ilícitos
Las investigaciones han revelado grabaciones que sugieren que Alonso estaba involucrado en el pago de sobornos. En una conversación de julio de 2018, Cerdán solicita a Koldo que se especifique el concepto de un pago de 4.500 euros que debía ser registrado como una donación. En otra conversación, Koldo menciona que Cerdán y Alonso discutían sobre pagos a altos funcionarios, incluyendo a José Luis Ábalos, quien supuestamente recibió pagos que suman hasta 550.000 euros.
Las notas encontradas en el móvil de Koldo también apuntan a una relación laboral estrecha entre él y Alonso, con anotaciones que sugieren la necesidad de discutir temas de pagos y sueldos. Esta evidencia ha llevado a los investigadores a concluir que la relación entre Koldo y Alonso no era meramente empresarial, sino que estaba impregnada de prácticas corruptas que han socavado la confianza pública en las instituciones.
El impacto de este escándalo es profundo, no solo para los implicados, sino también para el PSOE, que enfrenta una de las crisis más graves en su historia reciente. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de una mayor transparencia y regulación en la contratación pública, así como sobre la responsabilidad de los funcionarios en la gestión de recursos públicos.
A medida que avanza la investigación, la atención se centra en cómo este caso afectará la estabilidad del Gobierno de Sánchez y la reputación del PSOE. La declaración de Alonso ante el Tribunal Supremo es solo el comienzo de un proceso que podría revelar aún más detalles sobre la corrupción en la política española y la necesidad de reformas urgentes para restaurar la confianza ciudadana.
