La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comparecido recientemente ante la comisión que investiga la conocida como ‘Operación Cataluña’, un caso que ha generado gran controversia en la política española. Durante su intervención, Sáenz de Santamaría negó categóricamente la existencia de una «policía patriótica» que investigara a opositores políticos, como los miembros de Podemos o a los independentistas catalanes. En su defensa, afirmó que su tiempo en el poder no fue disfrutado, sino que se dedicó a cumplir con su deber de acuerdo a la Constitución.
La exvicepresidenta, que ocupó su cargo bajo la presidencia de Mariano Rajoy, se enfrentó a preguntas incisivas de la líder de Podemos, Ione Belarra, quien le reprochó su papel en la gestión de la crisis catalana. Sáenz de Santamaría se limitó a responder que nunca tuvo conocimiento de ninguna actividad ilegal y que su trabajo siempre estuvo enmarcado dentro de la legalidad. En su declaración, enfatizó que su único objetivo fue mejorar el país y que no tenía interés en investigar a ningún responsable político.
### La aplicación del artículo 155 y sus implicaciones
Uno de los puntos más críticos de su comparecencia fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno español intervenir en la autonomía de una comunidad autónoma. Sáenz de Santamaría defendió esta medida como una respuesta necesaria ante la situación de crisis que se vivía en Cataluña tras el referéndum del 1 de octubre. Afirmó que la decisión de aplicar el 155 fue un acto legítimo y que se realizó con el objetivo de restablecer el orden constitucional.
La exvicepresidenta también se refirió a las críticas que ha recibido por los recortes implementados durante su mandato, justificando que en 2011 España estaba al borde del rescate económico. En este contexto, defendió su gestión y la necesidad de tomar decisiones difíciles para garantizar la estabilidad del país. A pesar de las acusaciones en su contra, Sáenz de Santamaría insistió en que siempre actuó con respeto a la democracia y a la Constitución.
En su defensa, Sáenz de Santamaría también abordó el informe de Citizen Lab, que señala que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, fue espiado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mediante el software Pegasus. La exvicepresidenta afirmó no tener conocimiento de dicho informe y cuestionó la veracidad de las acusaciones, argumentando que el CNI opera bajo estrictas normas de legalidad y que su director, Félix Sanz Roldán, nunca recibió órdenes ilegales.
### La controversia sobre la ‘policía patriótica’
La noción de una «policía patriótica» ha sido un tema recurrente en el debate político español, especialmente en el contexto de la crisis catalana. Sáenz de Santamaría, al ser cuestionada sobre este tema, reiteró que no existió tal entidad y que su gestión se basó en el respeto a la ley. Afirmó que siempre se tomó en serio el trabajo del CNI y que sus acciones estaban dirigidas a garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Además, la exvicepresidenta rechazó las insinuaciones de que hubiera mezclado funciones administrativas durante la aplicación del 155, defendiendo que su actuación fue siempre en el marco de la legalidad. En respuesta a las preguntas de los diputados, Sáenz de Santamaría se mostró firme en su postura, argumentando que el único golpe que ha habido en la política española fue el protagonizado por aquellos que intentaron romper la unidad del país.
La comparecencia de Sáenz de Santamaría ha reavivado el debate sobre la gestión del Gobierno del PP durante la crisis catalana y la forma en que se abordaron las tensiones políticas en ese periodo. Su defensa de la legalidad y su rechazo a las acusaciones de irregularidades han sido recibidos con escepticismo por parte de algunos sectores, mientras que otros consideran que su testimonio es un intento de limpiar su imagen ante la historia reciente de España.
En resumen, la intervención de Soraya Sáenz de Santamaría en la comisión de la ‘Operación Cataluña’ ha puesto de manifiesto las profundas divisiones en la política española y la complejidad de los acontecimientos que han marcado la última década. Su defensa de la legalidad y su rechazo a las acusaciones de irregularidades reflejan la tensión entre las diferentes narrativas sobre la crisis catalana y el papel del Gobierno en su gestión.
