Las agresiones sexuales a menores en España representan una de las formas más preocupantes de violencia en la sociedad actual. Un reciente informe de Save the Children ha puesto de manifiesto que la mayoría de los agresores son familiares o personas cercanas a las víctimas, lo que añade una capa de complejidad y dolor a estos casos. Este fenómeno, que afecta principalmente a niñas, se encuentra en gran medida silenciado, lo que dificulta la visibilidad y la respuesta institucional adecuada.
### La prevalencia del abuso en el entorno cercano
Según el informe, ocho de cada diez agresores sexuales de menores son familiares o conocidos de la víctima. Este dato es alarmante y revela que el peligro no siempre proviene de extraños, sino de personas que forman parte del círculo íntimo del menor. La víctima tipo es una niña de doce años, aunque un porcentaje significativo de las afectadas son menores de diez años. Este patrón de abuso se manifiesta en un contexto donde la confianza y la cercanía se convierten en un arma de doble filo.
El informe también destaca que el 83% de los abusos se producen sobre chicas, con tasas aún más elevadas entre las más jóvenes, específicamente entre los 5 y 9 años. Este hecho subraya la necesidad de una intervención temprana y efectiva para proteger a los menores y prevenir que se conviertan en víctimas de este tipo de violencia. La mayoría de los casos de agresiones que llegan a los juzgados ocurren entre los 10 y los 14 años, pero es preocupante que casi una cuarta parte de las víctimas tenga menos de 10 años, lo que indica que el abuso puede comenzar a una edad muy temprana.
La figura de la madre se convierte en un pilar fundamental en la denuncia de estos casos. En el 66% de los procesos judiciales, la denuncia proviene de la madre o de la propia víctima. Esto pone de manifiesto la importancia del apoyo familiar en la búsqueda de justicia, aunque también revela la carga emocional que estas situaciones imponen a las familias.
### Desafíos en el sistema judicial
A pesar de la gravedad de la situación, la respuesta del sistema judicial y de las instituciones encargadas de proteger a los menores ha sido insuficiente. El informe de Save the Children señala que, cuatro años después de la aprobación de la Ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia (Lopivi), muchas de sus medidas aún no se han implementado o se han llevado a cabo de manera deficiente. Esto ha resultado en un aumento de las dilaciones judiciales y en la revictimización de las víctimas durante los procesos legales.
Casi dos tercios de las víctimas deben declarar varias veces, lo que no solo es un proceso desgastante, sino que también puede reabrir heridas emocionales y psicológicas. Además, se ha observado que casi la mitad de los casos judiciales tardan más de tres años en resolverse, lo que genera una sensación de impunidad y desamparo entre las víctimas y sus familias. En comparación con 2019, donde dos de cada tres sentencias se dictaban en menos de dos años, la situación actual refleja un retroceso preocupante en la eficacia del sistema judicial.
Un caso emblemático es el de una niña que sufrió abusos por parte de su padre desde los 10 años. El juicio tardó cuatro años en celebrarse, y el agresor fue condenado a solo dos años y seis meses de prisión, gracias a la atenuante de dilaciones indebidas. Este tipo de situaciones pone de relieve la necesidad urgente de reformas en el sistema judicial para garantizar que los derechos de las víctimas sean protegidos y que los agresores enfrenten consecuencias adecuadas por sus actos.
La falta de uso de la prueba preconstituida, que permite grabar la declaración inicial de la víctima para evitar que tenga que repetir su testimonio en múltiples ocasiones, es otro aspecto crítico que debe abordarse. Actualmente, solo se utiliza en el 34,5% de los casos, lo que significa que más de la mitad de las víctimas deben narrar su historia varias veces a lo largo del proceso judicial. Esta situación es inaceptable, especialmente considerando que la ley del ‘solo sí es sí’ obliga a realizar esta prueba para todos los menores de 14 años.
La creación de juzgados especializados en violencia sexual a menores es un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de una Fiscalía específica y de equipos multidisciplinares que trabajen en conjunto para abordar estos casos de manera integral. La implementación de «casas de los niños», donde los menores puedan sentirse seguros y cómodos al declarar, es una propuesta que podría mejorar significativamente la situación actual. Estas instalaciones permitirían una coordinación efectiva entre psicólogos, trabajadores sociales y juristas, reduciendo las dilaciones y aumentando las tasas de condena.
La lucha contra las agresiones sexuales a menores en España requiere un compromiso firme y decidido por parte de las instituciones, así como una mayor sensibilización social sobre la gravedad de este problema. La protección de los más vulnerables debe ser una prioridad, y es esencial que se tomen medidas efectivas para garantizar su seguridad y bienestar.
