La situación en la prisión de Brieva, ubicada en Ávila, ha captado la atención mediática debido a los recientes incidentes que involucran a Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz. En medio de una investigación que involucra a dos trabajadores de la cárcel, Quezada ha sido protagonista de un nuevo suceso que ha generado preocupación entre las autoridades penitenciarias.
Uno de los incidentes más recientes ocurrió cuando un funcionario de la prisión descubrió que Quezada ocultaba un objeto prohibido: un juego de cartas. Este hallazgo llevó a la apertura de una investigación interna y al traslado de la condenada desde el módulo azul, considerado de respeto, al módulo rojo, donde las condiciones son mucho más estrictas. La baraja fue requisada y Quezada, al ser interrogada, afirmó que el juego le había sido entregado por un trabajador del centro penitenciario, conocido como ‘demandadero’.
### El Rol del Demandadero en las Prisiones Españolas
El demandadero es un funcionario que desempeña funciones similares a las de un ordenanza y está presente en todas las cárceles de España. Este servicio ha sido descrito por algunos funcionarios como el «Amazon de los presos», ya que los internos pueden acudir a él para adquirir artículos que no están disponibles en el economato de la prisión. Sin embargo, para realizar cualquier compra, los reclusos deben solicitar autorización por escrito a la dirección del centro, la cual debe aprobar la solicitud.
Los objetos más solicitados por los internos incluyen prendas de ropa, zapatillas de deporte, ventiladores, televisores, bombillas, material de estudio y suplementos alimenticios. Es importante destacar que, dado que el dinero está prohibido dentro de la cárcel, las compras se descuentan del peculio de los reclusos, que es una tarjeta que les permite disponer de un máximo de 100 euros al mes.
Sin embargo, no todo lo que se solicita es aprobado. Por motivos de seguridad, los juegos de azar están prohibidos en las prisiones, aunque existen algunas excepciones como el parchís o el dominó. Las autoridades penitenciarias han explicado que cualquier juego que permita a los presos apostar está prohibido para evitar peleas e incidentes entre ellos. La baraja de póker, por ejemplo, está prohibida en todas las cárceles, mientras que la baraja española solo está restringida en algunas.
### Investigaciones en Curso y Amenazas desde la Cárcel
El caso de Ana Julia Quezada no solo se limita a la posesión de objetos prohibidos. Actualmente, un funcionario y un cocinero de la cárcel de Brieva están siendo investigados por haber entregado a Quezada un teléfono móvil, chocolate, perfumes y otros objetos a cambio de mantener relaciones sexuales con ella. Este escándalo ha puesto en tela de juicio la seguridad y la ética dentro del sistema penitenciario español.
La Audiencia de Ávila ha reconocido a Quezada la condición de perjudicada en este procedimiento, lo que añade una capa más de complejidad a su situación legal. Además, Quezada está siendo investigada por amenazar de muerte a Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, desde la prisión. Esta amenaza ha llevado al juzgado de instrucción 1 de Almería a tomar declaración tanto a Quezada como a su pareja, quien también está implicada en el mismo delito.
La pareja de Quezada, una joven catalana que visita a la condenada en la cárcel, ha sido identificada como parte de esta trama. Las visitas y los encuentros entre ambas han suscitado preocupación, especialmente dado el contexto de las amenazas y el comportamiento de Quezada dentro del penal.
La situación en la prisión de Brieva refleja no solo los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario español, sino también las complejidades de manejar a reclusos que han cometido delitos de alta gravedad. La combinación de la corrupción entre algunos funcionarios y la capacidad de los internos para manipular el sistema plantea preguntas sobre la eficacia de las medidas de seguridad y control dentro de las cárceles.
Los incidentes relacionados con Ana Julia Quezada han puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en las prisiones, así como de las políticas que rigen la conducta de los funcionarios. La confianza del público en el sistema penitenciario se ve amenazada cuando surgen casos de corrupción y abuso de poder, lo que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes.
A medida que avanza la investigación, la atención se centrará en cómo se manejarán estos incidentes y qué medidas se implementarán para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro. La seguridad de los reclusos y la integridad del sistema penitenciario deben ser prioridades fundamentales para garantizar un entorno seguro y justo para todos los involucrados.
