La reciente evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha puesto de manifiesto un aspecto crucial del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España: su efecto desincentivador sobre la búsqueda de empleo. Según el informe, percibir esta prestación disminuye la probabilidad de encontrar trabajo en un 12% en comparación con personas de ingresos similares que no reciben el IMV. Este fenómeno es aún más pronunciado en grupos específicos, como los menores de 30 años y los hogares monoparentales, donde la probabilidad de empleo se reduce hasta un 20% tras comenzar a recibir el IMV.
La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ha señalado que es comprensible que una prestación destinada a prevenir la pobreza pueda llevar a una menor motivación para ingresar al mercado laboral. Por ejemplo, en una familia monoparental, una madre que recibe el IMV puede no encontrar suficiente incentivo para aceptar trabajos que no le ofrezcan estabilidad o que sean precarios. Sin embargo, el IMV también tiene efectos positivos, como permitir que los beneficiarios sean más selectivos en su búsqueda de empleo y rechazar ofertas laborales que no cumplan con sus expectativas.
### La Eficacia del Incentivo al Empleo
A pesar de la implementación de un incentivo al empleo en enero de 2023, diseñado para facilitar la compatibilidad entre el IMV y los ingresos laborales, la Airef ha observado que el impacto desincentivador se ha mantenido. Este incentivo, que ha beneficiado a aproximadamente el 30% de los hogares que reciben el IMV, no ha logrado estimular una mayor participación en el mercado laboral. Herrero ha argumentado que la falta de visibilidad y transparencia sobre la duración del incentivo es un factor que limita su efectividad.
El informe destaca que, a pesar de la intención del Gobierno de fomentar la integración laboral de los beneficiarios del IMV, la evaluación de la eficacia del incentivo actual ha revelado que no ha generado cambios significativos en la intensidad laboral ni en las tasas de participación. La Airef recomienda una reformulación completa de este incentivo, sugiriendo que se deben implementar elementos que motiven a los beneficiarios a aceptar trabajos más rápidamente y con jornadas laborales más largas.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha calificado la evaluación de la Airef como prematura, argumentando que solo se dispone de datos del primer año de aplicación del incentivo. Sin embargo, Herrero ha respondido que los problemas de diseño del incentivo son evidentes y no permiten esperar un cambio positivo en su evaluación con el tiempo.
### Permanencia y Acceso al Ingreso Mínimo Vital
El informe de la Airef también ha analizado la permanencia de los beneficiarios en el IMV, revelando que el 90% de ellos permanece en la prestación durante más de 12 meses, y el 60% lo hace por más de tres años. Esta alta tasa de permanencia plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos actuales que facilitan la transición hacia el empleo. A pesar de los avances en el despliegue del IMV, como un incremento del 14% en el número de beneficiarios, persisten problemas significativos, como la elevada tasa de ‘non take-up’, que se refiere a aquellos que tienen derecho a la prestación pero no la solicitan. En el caso del IMV, esta tasa se sitúa en un 55%, mientras que en el complemento de ayuda a la infancia (CAPI) alcanza el 72%.
La Airef ha señalado que la complejidad administrativa sigue siendo un obstáculo, con un 68% de los hogares experimentando modificaciones en sus revisiones de renta. Además, se han identificado diferencias territoriales, con tasas de no solicitud superiores al 65% en regiones como Cataluña y las Islas Baleares, lo que evidencia la falta de coordinación entre el IMV y las rentas mínimas de las comunidades autónomas.
Para abordar estos problemas, la Airef ha propuesto automatizar la protección a menores desde su nacimiento, asegurando que el CAPI llegue a los hogares potenciales desde el momento de la inscripción del menor en el registro civil. Esta medida podría reducir las altas tasas de ‘non take-up’, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de pobreza y disminuir las solicitudes de reintegro por cobros indebidos.
En cuanto a las revisiones de la cuantía de la prestación, el 68% de los beneficiarios se ve afectado, con un 24% experimentando mejoras en su prestación, mientras que un 32% ve una disminución. Para un 12%, la revisión implica la baja en la prestación, lo que representa un desafío adicional para aquellos que dependen de este ingreso mínimo para su subsistencia. En 2024, las principales causas de denegación de expedientes se relacionaron con el empadronamiento o la unidad de convivencia, lo que subraya la necesidad de simplificar y hacer más accesibles estos procesos para los beneficiarios potenciales.
