La reciente implementación de la Ley de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha generado un intenso debate en el ámbito legal español. Esta normativa, que entró en vigor hace tres meses, busca reducir la alta litigiosidad en el país mediante la promoción de medios alternativos de solución de conflictos (MASC) en asuntos civiles y mercantiles. Sin embargo, la realidad ha demostrado que su aplicación ha traído consigo una serie de complicaciones que han colapsado los juzgados y han generado descontento entre abogados y jueces.
### La Obligación de Mediación y sus Consecuencias
La ley establece que antes de presentar una demanda ante un juez, las partes deben intentar llegar a un acuerdo a través de la mediación. Este requisito, conocido como «requisito de procedibilidad», ha sido criticado por muchos profesionales del derecho, quienes argumentan que se ha convertido en un mero trámite burocrático. En lugar de fomentar la negociación real entre las partes, se ha observado que muchos abogados simplemente cumplen con este requisito de forma superficial, lo que no contribuye a la resolución efectiva de los conflictos.
Uno de los principales problemas que han surgido es el aumento significativo en el número de demandas presentadas justo antes de la entrada en vigor de la ley. Muchos ciudadanos, conscientes de que a partir del 3 de abril tendrían que pasar por un proceso de mediación, se apresuraron a presentar sus reclamaciones en marzo. Este fenómeno ha llevado a un colapso en los juzgados, donde los abogados informan de retrasos significativos en la tramitación de sus casos. La situación se ha vuelto insostenible, y los profesionales del derecho advierten que el sistema judicial está en riesgo de colapsar aún más si no se realizan cambios sustanciales.
Además, la ley ha dejado fuera de la justicia gratuita ciertos trámites obligatorios, lo que significa que los ciudadanos deben asumir costos adicionales a pesar de tener derecho a un abogado de oficio. Esto ha generado una carga financiera adicional para aquellos que ya se encuentran en situaciones difíciles, como en casos de divorcio o reclamaciones de deudas.
### La Perspectiva de los Profesionales del Derecho
Desde la perspectiva de los abogados de familia, la nueva normativa ha complicado aún más la situación. Muchos de ellos ya realizaban labores de mediación antes de presentar una demanda, por lo que la obligación de documentar este proceso ha añadido una carga administrativa innecesaria. Jesús Díaz Lorite, vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), ha señalado que la ley ha creado un problema especialmente grave en casos que involucran a menores, donde la urgencia de resolver los conflictos es aún mayor.
El magistrado Roberto García Ceniceros, vicepresidente del Foro Judicial Independiente, ha indicado que, aunque el ritmo de entrada de demandas se está recuperando, todavía es inferior al de antes de la reforma. Según su análisis, la obligatoriedad de los MASC no ha llevado a un aumento real en las solicitudes de mediación, sino que ha generado una sensación de retraso en la resolución de los casos. Los abogados, en un intento de cumplir con la ley, han comenzado a incluir cláusulas en sus comunicaciones que demuestran un intento de negociación, aunque estas no siempre reflejan un esfuerzo genuino por resolver el conflicto.
La disparidad en la aplicación de la ley también ha sido un tema recurrente. Algunos jueces son más estrictos en la evaluación del cumplimiento del requisito de procedibilidad, mientras que otros adoptan un enfoque más flexible. Esta falta de uniformidad ha llevado a que se dicten autos de inadmisión de demandas, lo que agrava aún más la situación para los ciudadanos que buscan justicia.
En este contexto, las asociaciones de jueces y fiscales han expresado su preocupación y han amenazado con huelgas si el Gobierno no realiza cambios significativos en la reforma. La situación actual ha puesto de manifiesto que, sin un cambio de mentalidad en la forma en que se perciben y utilizan los MASC, la ley no podrá cumplir su objetivo de mejorar la eficiencia del sistema judicial español.
La implementación de la Ley de Eficiencia ha revelado la complejidad del sistema judicial y la necesidad de un enfoque más integral que no solo contemple la mediación como un requisito, sino que fomente un verdadero diálogo entre las partes. La experiencia de estos tres meses sugiere que, para que la reforma sea efectiva, es fundamental que se realicen ajustes que permitan una aplicación más coherente y justa de la ley, garantizando así el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
