En un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Europa, el Gobierno español ha anunciado su intención de aumentar significativamente la inversión en defensa. Este incremento, que asciende a 10.471 millones de euros, busca cumplir con el compromiso de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar para el año 2025, un objetivo que inicialmente estaba previsto para 2030. Sin embargo, este ambicioso plan ha generado inquietudes sobre su impacto en el gasto social y el déficit público, lo que ha llevado al Ejecutivo a considerar la activación de la ‘cláusula de escape’ de la Unión Europea.
La cláusula de escape es un mecanismo que permite a los Estados miembros de la UE aumentar su gasto en defensa sin que esto afecte a las reglas fiscales europeas, que exigen mantener el déficit por debajo del 3% del PIB. Esta opción fue presentada por Ursula Von der Leyen en marzo de 2025, en un esfuerzo por reforzar la capacidad de defensa de Europa ante las crecientes amenazas globales. Según fuentes del Gobierno, la activación de esta cláusula evitaría que el déficit se dispare, lo que podría obligar a implementar recortes en otras áreas, incluyendo el gasto social.
### Compromisos del Gobierno y Reacciones de los Socios
Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha asegurado que el aumento en la inversión en defensa no se traducirá en recortes en el gasto social. Durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez enfatizó que «no tocaremos ni un céntimo del gasto social para financiar este aumento de la inversión en seguridad y defensa». Este compromiso es crucial, especialmente en un contexto donde sus socios de coalición, Sumar, han expresado preocupaciones sobre el impacto que podría tener el aumento del gasto militar en los servicios públicos.
El Gobierno ha comenzado a estudiar la posibilidad de solicitar la activación de la cláusula de escape, vinculando esta decisión a su compromiso con Sumar. A pesar de las quejas de este partido sobre el plan de defensa, desde el Ejecutivo se minimizan las críticas, argumentando que los recursos para el aumento en defensa provendrán de una reorganización de los presupuestos de 2023, que han sido prorrogados por segundo año consecutivo. Esta reorganización implica trasladar gastos no ejecutados de otros ministerios al Ministerio de Defensa, un proceso que, según el Ministerio de Hacienda, es laborioso pero necesario para asegurar que no se vea afectada la financiación de administraciones locales o partidas sociales.
### Proceso Legislativo y Requisitos para la Activación
La activación de la cláusula de escape no es un proceso automático. En el caso de España, el artículo 135.4 de la Constitución exige que el Congreso de los Diputados apruebe esta medida con mayoría absoluta, dado que se trata de una situación de emergencia extraordinaria. Este artículo, reformado en 2011, establece que los límites de déficit estructural y de deuda pública solo pueden superarse en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales o recesiones económicas.
Antes de que el Congreso pueda considerar la activación de la cláusula, es necesario un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que justifique la necesidad de relajar las reglas fiscales. Este proceso legislativo añade una capa de complejidad a la implementación del plan de defensa, ya que el Gobierno deberá navegar por un entorno político que podría no estar completamente alineado con sus objetivos.
Sánchez ha dejado claro que el Gobierno no buscará el aval del Congreso para este plan, argumentando que no hay nuevos presupuestos y que las decisiones sobre la financiación son competencia del ámbito ejecutivo. Sin embargo, el apoyo del Congreso será crucial si se requiere una ampliación de crédito extraordinario, lo que podría complicar aún más la situación si se enfrenta a un eventual bloqueo por parte de sus socios de coalición.
### Implicaciones a Largo Plazo
La cláusula de escape, según el plan de la Comisión Europea, estará activa durante cuatro años (2025-2028), con la posibilidad de prorrogarse si las circunstancias excepcionales persisten. Esto significa que España podría tener un margen considerable para aumentar su gasto en defensa sin que esto afecte a las reglas fiscales establecidas por la UE. Sin embargo, el Gobierno deberá ser cuidadoso en la gestión de este aumento, asegurando que no se comprometan los recursos destinados a servicios públicos esenciales.
La situación actual plantea un dilema para el Gobierno español: cómo equilibrar la necesidad de aumentar la inversión en defensa con la presión de sus socios de coalición y las expectativas de la ciudadanía en cuanto al gasto social. A medida que se acercan los plazos para solicitar la activación de la cláusula de escape, el Ejecutivo deberá actuar con rapidez y eficacia para garantizar que sus planes se implementen sin contratiempos.
