La situación de los menores migrantes en Canarias ha alcanzado un punto crítico, con el Estado español enfrentando la presión de trasladar a estos jóvenes a centros especializados en la Península. Recientemente, se ha dado un paso significativo con la documentación necesaria para el traslado de los primeros diez menores con asilo, aunque este proceso ha estado marcado por la incertidumbre y la falta de coordinación entre diferentes ministerios.
El Gobierno de Canarias ha tenido que lidiar con la burocracia del Ministerio de Migraciones, que no proporcionó a tiempo la información esencial para llevar a cabo el traslado. A pesar de que se esperaba que los menores fueran trasladados el lunes, la falta de billetes y la identidad de los adultos que los acompañarán han puesto en jaque la operación. La mayoría de estos jóvenes, que superan los 16 años, provienen de Malí, un país que ha visto un aumento en la migración hacia Europa debido a la inestabilidad política y económica.
Este primer grupo de menores representa una parte de los cientos que se encuentran en condiciones precarias en las islas, donde el hacinamiento en los centros de acogida es una realidad alarmante. La decisión del Estado de no revelar el destino de estos menores busca evitar que las comunidades receptoras se opongan al traslado, un fenómeno que ya se ha observado en la Comunidad de Madrid. La situación ha sido tan crítica que el Tribunal Supremo ha intervenido, ordenando al Estado que integre a estos menores en centros especializados, lo que ha llevado a un retraso de 138 días en el proceso de traslado.
La falta de un protocolo ágil para gestionar estas derivaciones ha sido evidente, y aunque el Gobierno canario confía en que la experiencia adquirida en este primer traslado permitirá agilizar futuros procesos, la situación actual sigue siendo preocupante. El Ministerio de Migraciones, bajo la dirección de Elma Saiz, es el encargado de garantizar la cobertura a las personas con derecho a asilo, mientras que el Ministerio de Infancia, liderado por Sira Rego, gestiona el protocolo para el traslado de los menores migrantes. Esta división de responsabilidades ha contribuido a la confusión y a la lentitud en la respuesta del Estado ante una crisis humanitaria que requiere atención inmediata.
**La Estrategia de Redistribución de Menores**
En los últimos días, cerca de un centenar de menores han sido reubicados en el centro Canarias 50, un antiguo acuartelamiento que ha sido habilitado como recurso de emergencia para acoger a parte de la población infantil migrante. Esta medida forma parte de la estrategia del Ejecutivo autonómico para redistribuir a los menores y aliviar la presión sobre los recursos más saturados. Sin embargo, la reubicación en este centro no es una solución a largo plazo, ya que las condiciones de vida en estos lugares son precarias y no garantizan el bienestar de los menores.
El Gobierno canario ha enfatizado que la salida a la Península de este primer grupo con asilo reconocido es solo un paso inicial para descongestionar los centros de acogida. La llegada constante de nuevos menores no acompañados ha exacerbado la crisis, y la falta de recursos adecuados para atender a esta población vulnerable es un desafío que debe ser abordado de manera urgente. La presión sobre los centros de acogida ha llevado a un aumento en la carga asistencial, lo que pone en riesgo la salud y el bienestar de los menores.
La situación en Canarias es un reflejo de un problema más amplio que enfrenta Europa en su conjunto, donde la migración de menores no acompañados ha aumentado en los últimos años. La falta de un enfoque coordinado y humanitario para abordar esta crisis ha llevado a que muchos menores se encuentren en situaciones de vulnerabilidad extrema. La necesidad de un sistema de protección que garantice los derechos de estos jóvenes es más urgente que nunca, y la respuesta del Estado español será crucial para determinar el futuro de estos menores.
A medida que el Gobierno canario y el Estado español trabajan para implementar soluciones a corto y largo plazo, es fundamental que se priorice el bienestar de los menores migrantes. La colaboración entre diferentes ministerios y la creación de un protocolo claro y eficiente son pasos necesarios para garantizar que estos jóvenes reciban la atención y el apoyo que necesitan en un momento tan crítico de sus vidas. La migración infantil no es solo un desafío logístico, sino también un imperativo moral que requiere una respuesta compasiva y efectiva.
