El Ayuntamiento de Girona se enfrenta a una nueva obligación legal tras una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la ciudad. Esta decisión judicial ordena la colocación del retrato del Rey Felipe VI en un lugar destacado del Salón de Plenos, así como la bandera de España en el interior del edificio consistorial. Esta medida se deriva de una solicitud presentada por el concejal de Vox, Javier Francisco Domínguez, quien desde su nombramiento en junio de 2023 ha insistido en que el consistorio debe cumplir con la normativa que exige la exhibición de estos símbolos nacionales.
La historia de la ausencia del retrato del Rey en el Ayuntamiento de Girona se remonta a 2014, cuando, tras la abdicación de Juan Carlos I, el entonces alcalde Carlos Puigdemont decidió retirar su imagen y la de la reina Sofía. Desde entonces, el salón de plenos ha permanecido sin estos símbolos, lo que ha generado un debate constante sobre la identidad y la representación del Estado en el ámbito local. La situación se intensificó en septiembre de 2023, cuando Domínguez presentó su demanda en el pleno municipal, argumentando que el Ayuntamiento debía cumplir con la ley y reinstalar los símbolos.
La sentencia del juez ha dado la razón a Domínguez en parte, ya que también había solicitado que el Ayuntamiento asumiera las costas del proceso, aunque este aspecto no se detalla en la resolución. El consistorio ahora tiene un plazo de dos meses para cumplir con la orden de colocar el retrato del Rey y la bandera de España, aunque también cuenta con quince días para apelar la decisión judicial. Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento han declarado que aún no han recibido notificación oficial sobre la sentencia y que, en caso de recibirla, se estudiarían todas las opciones legales para evitar su cumplimiento.
### Contexto histórico y político
La retirada del retrato del Rey en Girona no es un hecho aislado, sino que refleja un contexto político más amplio en Cataluña, donde las tensiones entre el nacionalismo catalán y la identidad española han sido un tema recurrente. Desde la abdicación de Juan Carlos I, la política local ha estado marcada por un creciente debate sobre la representación de España en las instituciones catalanas. En 2018, la entonces concejala del PP, Concepció Veray, ya había solicitado la reinstalación del retrato de Felipe VI, argumentando que era un deber del gobierno local. Sin embargo, su moción no prosperó en el pleno, lo que evidenció la división política en torno a este tema.
La decisión del juez de ahora no solo implica un cambio en la decoración del Ayuntamiento, sino que también puede tener repercusiones en la dinámica política local. La presencia del retrato del Rey y la bandera de España podría ser interpretada como un símbolo de unidad nacional en un contexto donde el independentismo catalán ha ganado fuerza. Por otro lado, la negativa del Ayuntamiento a cumplir con la sentencia podría intensificar las tensiones entre los partidos políticos y la ciudadanía, generando un debate sobre la legitimidad de las instituciones y su relación con la identidad nacional.
### Reacciones y posibles implicaciones
Las reacciones a la sentencia han sido diversas. Por un lado, los miembros de Vox han celebrado la decisión judicial como un triunfo de la legalidad y un paso hacia la normalización de la representación de España en las instituciones catalanas. Domínguez ha declarado que esta sentencia es un reconocimiento de la importancia de los símbolos nacionales y de su lugar en la vida pública. Por otro lado, los partidos que forman parte del gobierno municipal, como Guanyem, Junts y ERC, han expresado su desacuerdo con la decisión y han señalado que están evaluando sus opciones legales.
La situación en Girona podría servir como un barómetro para otras localidades en Cataluña que enfrentan dilemas similares sobre la representación de símbolos nacionales. Si el Ayuntamiento decide apelar la sentencia, podría abrir un nuevo capítulo en la lucha entre el nacionalismo catalán y la defensa de la unidad nacional. En este sentido, la decisión del Ayuntamiento de Girona podría tener un impacto más amplio en la política catalana, especialmente en un momento en que las tensiones entre el gobierno central y la Generalitat siguen siendo altas.
En resumen, la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Girona a reinstalar el retrato del Rey y la bandera de España no solo es un asunto administrativo, sino que también refleja las complejidades de la identidad nacional en un contexto político tenso. A medida que se desarrollen los acontecimientos, será interesante observar cómo responden tanto el Ayuntamiento como la ciudadanía ante esta nueva obligación legal.
