La situación de Duro Felguera, una de las empresas más emblemáticas de la ingeniería asturiana, se torna cada vez más crítica. Desde diciembre del año pasado, la compañía se encuentra en un estado de preconcurso de acreedores, una situación que ha sido renovada en varias ocasiones, siendo la más reciente en marzo. Sin embargo, el plazo para encontrar una solución se agota, ya que el próximo 11 de junio se cumple el límite establecido por el juez para la prórroga actual. La dirección de la empresa está explorando todas las opciones posibles para obtener una nueva extensión que les permita seguir operando y evitar el temido concurso de acreedores.
### Desafíos financieros y la negativa de la SEPI
Uno de los principales obstáculos que enfrenta Duro Felguera es la negativa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a convertir en capital los 100 millones de euros en créditos participativos que la empresa recibió como parte de un rescate en 2021. Esta decisión ha dejado a la compañía sin una de sus principales vías de financiación, lo que ha intensificado la presión sobre su tesorería. Fuentes cercanas a la empresa han indicado que la cúpula directiva está trabajando en alternativas que puedan aliviar temporalmente la situación financiera.
Una de las propuestas que ha surgido es la posibilidad de solicitar a los bancos acreedores una quita del 98% de la deuda acumulada por la empresa. Esta opción, aunque drástica, podría ser una solución viable para reducir la carga financiera y permitir a Duro Felguera reestructurarse. Sin embargo, la falta de opciones claras y la negativa de los accionistas mayoritarios, que incluyen a los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México, a aportar más capital, complican aún más el panorama. Estos accionistas ya invirtieron 90 millones de euros el año pasado para adquirir el 55% de las acciones de la compañía, y no parecen dispuestos a realizar más aportaciones en este momento crítico.
### Movilizaciones de los trabajadores y apoyo institucional
Ante la incertidumbre y la falta de información por parte de la dirección, el comité de empresa ha decidido llevar a cabo movilizaciones para exigir respuestas y soluciones. El presidente del comité, Ángel Martínez, ha mantenido reuniones con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, quien ha expresado su compromiso de apoyar a los 1.500 empleados de Duro Felguera. La alcaldesa ha anunciado que formulará una declaración institucional en el Pleno municipal del día 11, justo antes de que expire el plazo del preconcurso, instando a los propietarios de la empresa a encontrar una solución que garantice la continuidad de la compañía y la protección de los puestos de trabajo.
Además, los representantes de los trabajadores han comenzado a reunirse con diferentes grupos políticos en la Junta para solicitar su respaldo en esta situación crítica. La primera reunión está programada con los diputados del Grupo Mixto, Adrián Pumares y Covadonga Tomé, quienes han mostrado interés en conocer más sobre la situación de Duro Felguera y las posibles soluciones que se están considerando.
La presión sobre la empresa y sus trabajadores es palpable, y la incertidumbre sobre el futuro de Duro Felguera se siente en toda la comunidad asturiana. La situación actual no solo afecta a los empleados de la compañía, sino que también tiene repercusiones en la economía local y en la imagen de la industria asturiana en general. La falta de claridad en la dirección de la empresa y la negativa de los accionistas a inyectar más capital han dejado a Duro Felguera en una posición vulnerable, donde cada día que pasa sin una solución viable aumenta el riesgo de un desenlace desfavorable.
En este contexto, la colaboración entre la dirección de la empresa, los trabajadores y las instituciones locales se vuelve crucial. La búsqueda de alternativas que permitan a Duro Felguera salir de esta situación de preconcurso de acreedores es una tarea que requiere el esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados. La comunidad asturiana espera que se encuentren soluciones efectivas que no solo garanticen la continuidad de la empresa, sino que también protejan los empleos y contribuyan al desarrollo económico de la región.