La reciente creación de un nuevo puesto en la Fiscalía General del Estado ha desatado una ola de críticas y preocupaciones entre los fiscales. La Asociación de Fiscales, que representa a una gran parte de la carrera, ha instado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a que se abstenga de proponer un nombramiento para la nueva jefatura de fiscal de sala coordinador de delitos contra la Administración Pública. Este puesto, que se encargará de fijar criterios sobre delitos como la revelación de secretos, ha sido objeto de controversia debido a la situación actual que enfrenta García Ortiz en el Tribunal Supremo, donde se le investiga por una posible filtración que afecta a la presunción de inocencia de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La carta enviada por la Asociación de Fiscales a García Ortiz subraya la importancia de mantener la imparcialidad y la confianza del público en las instituciones democráticas. La asociación argumenta que la designación de un nuevo fiscal para este puesto podría comprometer aún más la imagen de la Fiscalía, que ya se encuentra bajo un intenso escrutinio. En este sentido, la Asociación de Fiscales ha solicitado que el Fiscal General se abstenga de realizar cualquier propuesta al Consejo Fiscal, que se reunirá próximamente para discutir este tema.
La creación de este nuevo puesto, junto con otra jefatura dedicada a delitos económicos, fue aprobada por el Gobierno en un Real Decreto presentado por el ministro Félix Bolaños. Este movimiento forma parte de un Plan de Acción por la Democracia que busca fortalecer la independencia y la eficacia de la Fiscalía. Sin embargo, la Asociación de Fiscales ha expresado su preocupación de que la designación de un fiscal para coordinar delitos que afectan directamente a la imagen del Fiscal General podría ser vista como un conflicto de intereses.
### Aspirantes al Cargo y sus Trayectorias
Entre los candidatos al puesto de fiscal de sala coordinador de delitos contra la Administración Pública se encuentran figuras con trayectorias destacadas en el ámbito judicial. Uno de los aspirantes es Álvaro Redondo, quien ha estado en el centro de la atención mediática tras elaborar un borrador que proponía investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por presuntos delitos de terrorismo. Sin embargo, Redondo cambió de opinión sobre este posicionamiento, lo que ha generado dudas sobre su idoneidad para el cargo.
Otro de los nombres que suena con fuerza es el de Emilio Sánchez Ulled, exfiscal Anticorrupción en Barcelona, conocido por su participación en casos de gran relevancia como el caso Palau y la querella contra directivos de Caixa Penedès. Su experiencia en la lucha contra la corrupción podría ser un activo valioso para el nuevo puesto, aunque su historial también ha sido objeto de controversia.
Carlos Castresana, otro exfiscal Anticorrupción, ahora en el Tribunal de Cuentas, y Concepción Sabadell, exfiscal de la Fiscalía Europea, también están en la lista de candidatos. Por último, Virna Alonso, fiscal decana de Delitos Económicos en Madrid, ha sido mencionada como una posible aspirante. Su participación en la elaboración de una nota de prensa que condujo a la investigación del Fiscal General por revelación de secretos ha suscitado interrogantes sobre su papel en este proceso.
La Asociación de Fiscales ha dejado claro que su interés en el nombramiento no es solo una cuestión de política interna, sino que también se relaciona con la necesidad de garantizar la confianza del público en el sistema judicial. La carta enviada a García Ortiz enfatiza que la abstención en este proceso es crucial para preservar la imparcialidad y la neutralidad de la Fiscalía, principios que son fundamentales para el funcionamiento de cualquier institución democrática.
### Implicaciones para la Imparcialidad de la Fiscalía
La situación actual plantea serias preguntas sobre la imparcialidad de la Fiscalía General del Estado. La Asociación de Fiscales ha argumentado que la designación de un nuevo fiscal para coordinar delitos que afectan directamente a la imagen del Fiscal General podría ser vista como un intento de influir en el proceso judicial. Esto podría tener repercusiones no solo para la Fiscalía, sino también para la percepción pública de la justicia en España.
El hecho de que el Fiscal General esté bajo investigación por un posible delito de revelación de secretos añade una capa adicional de complejidad a esta situación. La Asociación de Fiscales ha expresado su preocupación de que cualquier nombramiento realizado en este contexto podría ser interpretado como un intento de proteger los intereses del Fiscal General, en lugar de actuar en beneficio de la justicia y la transparencia.
La creación de este nuevo puesto y la controversia que lo rodea son un reflejo de los desafíos que enfrenta la Fiscalía en un momento en que la confianza pública en las instituciones está en juego. La Asociación de Fiscales ha hecho un llamado a la prudencia y a la reflexión, instando a que se tomen decisiones que no solo sean legales, sino también éticamente responsables. La independencia del sistema judicial es un pilar fundamental de la democracia, y cualquier acción que comprometa esta independencia debe ser cuidadosamente considerada.
