Clases: para la Corte, el Gobierno violó la autonomía porteña

Sin sorpresas y tal como preveían inclusive en la misma Casa Rosada, la Corte Suprema de Justicia falló ayer a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y avaló su “autonomía” en la demanda contra el decreto presidencial que había determinado la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), como una de las medidas sanitarias para mitigar los efectos de la segunda ola de coronavirus.

Poco después del conocido el fallo, en un acto en el que se anunció la entrega de 700 mil netbooks a estudiantes secundarios, el presidente Alberto Fernández aludió con una fuerte crítica a la decisión de la Corte: “Yo amo el Estado de Derecho y respeto las sentencias judiciales. Como hace 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencia”, dijo el jefe del Estado. “Dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos”, afirmó Fernández, en el acto celebrado en la planta bonaerense de BGH.

El Gobierno porteño recurrió a la Justicia a mediados de abril, después de que el Poder Ejecutivo dictara la suspensión de la presencialidad escolar para la Ciudad de Buenos Aires y los 40 distritos bonaerenses que integran el Amba.

La pulseada judicial transcurrió en un contexto de fuerte disputa política entre el oficialismo y la opositora Juntos por el Cambio, por las medidas sanitarias y el plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno.

La Corte Suprema estableció que el decreto violó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La sentencia unánime tuvo tres votos diferentes. El cordobés Juan Carlos Maqueda fijó posición junto al ministro Horacio Rosatti (ambos de extracción peronista), mientras que Carlos Ronsekrantz y Ricardo Lorenzetti lo hicieron cada uno por su lado. Elena Highton se abstuvo al haber adelantado que el caso no era competencia del máximo tribunal de justicia.

En su resolución, la Corte concluyó que el artículo 2 del DNU 241/21 “violó la autonomía de la ciudad”. El fallo reconoce que el decreto venció el 30 de abril en su alcance, y por eso no lo declaró “inconstitucional”.

El ministro de Justicia, Martín Soria, también se pronunció de manera crítica. “El fallo es una decisión política que lleva al límite el funcionamiento institucional. Pero las consecuencias no son políticas, se miden en vidas”, sostuvo.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lamentó que “la Corte haya consumido su tiempo en cuestiones de autonomía y jurisdicción en medio de una pandemia que diariamente cuesta cientos de vidas. Es una discusión alejada de la realidad de las terapias intensivas”, criticó el jefe de los ministros.

El fallo

“Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes”, dice el fallo firmado en forma unánime, pero con distintos argumentos.

Conocedores del cuarto piso del Palacio de Justicia, donde funciona la Corte, apuntaron que desde que preside Rosenkrantz (agosto de 2016), es la primera vez que sale por unanimidad un fallo sobre un tema relevante, con la presidencia coincidiendo con los dos votos peronistas (Maqueda y Rosatti).

El fallo de la Corte estuvo en línea con lo dictaminado por el procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal.

“Las alegaciones sobre la cantidad de personas que utilizaron el transporte público de manera coincidente con el inicio de las clases presenciales, la circulación masiva de personas” en el Amba, “o el aumento de la proporción de casos de Covid-19 en personas de 13 a 18 años y de 20 a 29 años, sin mayores explicaciones sobre la particular incidencia relativa de la educación presencial en la propagación del Covid no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal que incide de manera tan drástica en la modalidad de la enseñanza, en lo que aquí interesa”, dijo la Corte.

El máximo tribunal destacó que, al definir la competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Constitución “no surge ningún obstáculo” que “decida sobre la modalidad presencial o virtual en que corresponda llevar a cabo la educación en su territorio”.

Según la sentencia, “la falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al descubierto que, en este caso, el Estado federal, en lugar de ejercer una atribución propia, invadió una que le resulta ajena”.

Por la tarde, el Poder Ejecutivo emitió un comunicado en el que defendió los decretos sanitarios dictados “en un marco de excepcionalidad” ante la emergencia sanitaria nacional.

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