El BBVA ha tomado una postura firme ante las restricciones impuestas por el Gobierno español en su oferta de compra del Banco Sabadell. Desde el 15 de julio, el banco ha estado en una batalla legal, presentando un recurso ante el Tribunal Supremo para impugnar la decisión del Consejo de Ministros que prohíbe la fusión de ambas entidades durante un periodo de tres años, con la posibilidad de extenderlo por dos años más. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la legalidad y la interpretación de las normativas de defensa de la competencia en España.
### La postura del BBVA y su estrategia legal
El BBVA, bajo la dirección de su presidente Carlos Torres, ha argumentado que el Gobierno no tiene la autoridad para imponer condiciones más severas que las establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según el banco, la normativa vigente desde 2007 permite al Ejecutivo suavizar las condiciones, pero no endurecerlas. La decisión del Gobierno de mantener la separación jurídica y patrimonial de ambas entidades ha sido vista como un obstáculo significativo para la creación de sinergias económicas que justificarían la compra, que se estima podría generar ahorros de hasta 850 millones de euros anuales.
El recurso presentado por el BBVA no solo busca la anulación de la condición de no fusión, sino que también pretende enviar un mensaje claro a los accionistas del Sabadell: el banco está comprometido a luchar por la viabilidad de la operación. A pesar de que el Tribunal Supremo aún debe aceptar el recurso a trámite, el BBVA ha decidido continuar con su oferta, lo que indica su confianza en que el proceso legal podría favorecer sus intereses.
### Implicaciones de la decisión del Gobierno
La decisión del Gobierno de imponer restricciones a la fusión ha sido defendida como un acto legal y en línea con la normativa nacional. Fuentes del Ejecutivo han señalado que su actuación está respaldada por informes de la Abogacía del Estado y que se ha respetado la participación de todas las instituciones involucradas. Sin embargo, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España, cuestionando la legalidad de las restricciones impuestas y sugiriendo que podrían ser contrarias a la normativa europea.
El debate se centra en la interpretación de la ley de defensa de la competencia de 2007, que otorga al Gobierno la capacidad de pronunciarse sobre operaciones de concentración empresarial. El BBVA sostiene que, de las 1.522 operaciones estudiadas por la CNMC desde su creación, solo 24 han llegado a la fase en la que el Gobierno puede intervenir, y de estas, solo dos han sido elevadas al Consejo de Ministros. En el caso de la fusión Antena3-La Sexta, el Gobierno optó por suavizar las condiciones impuestas por la CNMC, lo que hace que la decisión actual de endurecerlas sea vista como excepcional y potencialmente injustificada.
La situación se complica aún más por el hecho de que el BBVA ha presentado su recurso en un momento crítico, justo cuando la opa entra en su fase decisiva. La entidad ha anunciado que el periodo de aceptación para los accionistas del Sabadell comenzará a principios de septiembre, lo que añade presión tanto al banco como al Gobierno para resolver la situación de manera expedita.
El resultado de esta disputa legal no solo afectará a las dos entidades involucradas, sino que también tendrá repercusiones en el sector bancario español en su conjunto. La capacidad del BBVA para llevar a cabo la fusión podría sentar un precedente sobre cómo se interpretan y aplican las normativas de competencia en el futuro, especialmente en un contexto donde la consolidación bancaria es cada vez más común.
En resumen, el enfrentamiento entre el BBVA y el Gobierno español en torno a la opa del Sabadell pone de relieve las tensiones existentes entre las regulaciones nacionales y las aspiraciones de las entidades financieras. A medida que el caso avanza en el sistema judicial, tanto el banco como el Gobierno deberán estar preparados para enfrentar las implicaciones de sus decisiones, que podrían tener un impacto duradero en el panorama bancario español.
