El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha anunciado un incremento significativo en la dotación de becas para aquellos que se preparan para las oposiciones de juez, fiscal, letrado de la Administración de Justicia y abogados del Estado. Este aumento, que asciende a 15,6 millones de euros, permitirá la concesión de 1.300 ayudas de hasta 12.000 euros anuales durante un periodo de cuatro años. La medida busca garantizar que el acceso a estas carreras se base únicamente en el mérito y la capacidad, sin que la situación económica de los aspirantes sea un impedimento.
Sin embargo, esta decisión ha generado un amplio debate en el ámbito judicial. Diversas asociaciones de jueces y fiscales han expresado su desacuerdo con la reforma del acceso a estas profesiones, argumentando que podría fomentar la arbitrariedad en la selección de nuevos efectivos. La crítica se centra en la reciente aprobación del proyecto de ley orgánica que busca fortalecer las carreras judicial y fiscal, el cual ha sido objeto de controversia desde su concepción.
### Críticas a la Reforma del Acceso a la Carrera Judicial
Las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las más cercanas al PSOE, han emitido un comunicado conjunto en el que critican los planes del gobierno. Argumentan que la reforma podría suponer un retroceso en el Estado de Derecho, ya que facilitaría un acceso arbitrario a las carreras judicial y fiscal. Uno de los puntos más polémicos es la eliminación del examen oral en el turno libre, que será sustituido por un dictamen práctico eliminatorio. Esta modificación ha sido vista como una reducción de las exigencias de conocimiento necesarias para acceder a estas profesiones.
Además, la nueva regulación del llamado ‘cuarto turno’, que permite a juristas de reconocido prestigio acceder sin pasar por la oposición tradicional, ha suscitado aún más críticas. Los detractores de esta medida sostienen que podría concentrar más poder en manos de unos pocos y limitar la participación democrática en los órganos de gobierno, lo que amenaza la independencia judicial.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ha defendido la reforma y el aumento de las becas como una estrategia para mejorar el acceso a la carrera judicial. Según fuentes del ministerio, la inversión en 2025 casi duplica la de 2024 y multiplica por diez la de 2022. Desde su primera edición en 2022, la ayuda económica ha aumentado de 6.600 euros a 12.000 euros, y el número de becas ha pasado de 245 a 1.300. Esta inversión se considera crucial para garantizar que los aspirantes tengan las herramientas necesarias para prepararse adecuadamente para las oposiciones.
### Detalles de las Becas SERÉ y su Impacto
Las becas SERÉ se concederán en régimen de concurrencia competitiva y comenzarán a ser percibidas desde el mes siguiente a su concesión. Los opositores a la Carrera Judicial y Fiscal también podrán optar a un programa de preparación individualizada con jueces y fiscales en activo, coordinado por el Centro de Estudios Jurídicos. Este programa incluye un acompañamiento de tutores y sesiones semanales adaptadas a las necesidades del opositor.
En 2024, el número de beneficiarios de las Becas SERÉ alcanzó un récord de 983, lo que representa un aumento del 24% en comparación con el año anterior. De estos beneficiarios, 790 destinaron las becas a la preparación para convertirse en jueces o fiscales, 162 para acceder al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y 31 para el Cuerpo de Abogados del Estado. En términos de distribución geográfica, Andalucía lideró el número de beneficiarios, seguida por la Comunitat Valenciana.
En cuanto a la demografía de los beneficiarios, el 90% tenía entre 21 y 33 años, y se observó una notable diferencia de género en la concesión de las ayudas: 791 fueron otorgadas a mujeres frente a 192 a hombres. Este dato resalta un esfuerzo por parte del gobierno para fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a estas profesiones, aunque las críticas sobre la reforma del acceso persisten.
El aumento de las becas y la reforma del acceso a la carrera judicial son temas que seguirán generando debate en el ámbito jurídico español. Mientras el gobierno defiende estas medidas como un paso hacia la modernización y democratización del acceso a la justicia, las asociaciones de jueces y fiscales continúan advirtiendo sobre los riesgos que podrían implicar para la independencia y la calidad del sistema judicial en el país.
