El juzgado de instrucción número 11 de Palma ha decidido archivar de manera definitiva la denuncia presentada por la asociación Justicia Poética, a la que se unió el partido político Vox, contra Alberto de Juan, expresidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Esta denuncia acusaba al político socialista de permitir la explotación sexual de una menor tutelada que residía en un centro de acogida en Santa María, quien quedó embarazada y abortó. La exconsellera Fina Santiago también fue mencionada en la denuncia, pero su caso fue archivado sin que se le tomara declaración.
La decisión del juzgado se basa en la falta de pruebas que respalden las acusaciones. La fiscalía había solicitado que se escuchara a Alberto de Juan como investigado, pero el juez determinó que no era necesario. La menor tutelada había abandonado el centro para fugarse con su novio, quien era mayor de edad. La asociación Justicia Poética argumentó, apoyándose en recortes de prensa, que no se realizaron esfuerzos para localizar a la menor y que, una vez encontrada, se le coaccionó para que abortara. Sin embargo, el IMAS presentó documentos que demostraron que la desaparición de la adolescente fue comunicada a la Guardia Civil y a la fiscalía de Menores, y que se realizaron múltiples intentos de contacto con ella.
El abogado del Consell de Mallorca defendió a Alberto de Juan, argumentando que su función como presidente del IMAS es gestionar y administrar la institución de protección, y que las decisiones individuales sobre menores tutelados son tomadas por educadores y responsables del centro. Además, se destacó que, tras el escándalo de casos de menores tuteladas que estaban siendo prostituidas, se creó un grupo de expertos para abordar la situación y buscar soluciones.
Alberto de Juan calificó la denuncia como un ataque político y aseguró que nunca hubo dejación de funciones respecto a la menor en cuestión. La denuncia fue archivada a petición de la defensa, que subrayó las “múltiples actuaciones protectoras” realizadas en favor de la menor y la comunicación constante con la Guardia Civil sobre su fuga. La magistrada consideró que el relato presentado por Vox era “sesgado” y se basaba en la versión de la pareja de la menor, quien tenía un conflicto con los educadores del IMAS y el padre biológico de la menor, al que se le había retirado la tutela.
La magistrada también hizo hincapié en que, aunque se podría mejorar la coordinación entre las administraciones implicadas en la protección de menores y las fuerzas de seguridad, no se encontraron indicios de responsabilidad penal en este caso. No se apreció evidencia de los delitos imputados por Vox, que incluían inducción a la prostitución, dejación de funciones e incumplimiento del deber de perseguir delitos. La jueza dejó claro que su función no era valorar las medidas adoptadas por el IMAS para abordar los casos de explotación sexual de menores tuteladas.
Este caso ha suscitado un gran interés en la opinión pública, especialmente en un contexto donde la protección de menores y la explotación sexual son temas de creciente preocupación. La decisión del juzgado de archivar la denuncia ha generado reacciones diversas, con algunos sectores apoyando la resolución y otros criticando la falta de acción ante las acusaciones graves. La situación pone de relieve la complejidad de los casos de menores tutelados y la necesidad de un enfoque más integral en la protección de sus derechos y bienestar.
La magistrada ha dejado claro que, aunque se pueden identificar áreas de mejora en la coordinación entre las instituciones, en este caso específico no se encontraron pruebas suficientes para proceder con un juicio. La decisión de archivar la denuncia contra Alberto de Juan se basa en un análisis exhaustivo de la evidencia presentada y en la valoración de las acciones realizadas por el IMAS en relación con la menor tutelada.
La situación de los menores tutelados en España ha sido objeto de debate en los últimos años, especialmente a raíz de varios escándalos relacionados con la explotación y el abuso. Este caso particular ha puesto de manifiesto la importancia de contar con protocolos claros y efectivos para la protección de estos menores, así como la necesidad de una mayor colaboración entre las diferentes entidades involucradas en su cuidado y protección. La resolución del juzgado podría ser un punto de inflexión en la forma en que se abordan estos casos en el futuro, destacando la importancia de la evidencia y la transparencia en el proceso judicial.
