El proceso de cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, ubicada en Cáceres, ha comenzado a tomar forma en medio de un clima de tensión política y empresarial. A pesar de las presiones ejercidas por las grandes eléctricas, el Gobierno ha decidido avanzar con los planes de clausura de esta instalación, que ha sido un pilar energético desde su inauguración en las décadas de 1980. Enresa, la entidad pública responsable de la gestión de residuos radiactivos y del desmantelamiento de plantas nucleares, ha iniciado la licitación de un contrato millonario para diseñar los trabajos de desmantelamiento, con un coste estimado de 23,7 millones de euros, que podría superar los 28,7 millones con impuestos.
### Proceso de Desmantelamiento y Licitación
El proceso de desmantelamiento de Almaraz se ha visto marcado por la necesidad de cumplir con los plazos establecidos en el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que exige que las labores previas al desmantelamiento comiencen entre tres y cinco años antes del cierre definitivo. En este sentido, Enresa ha comenzado a recopilar información necesaria para el diseño del proyecto y ha lanzado la primera gran contratación de servicios de ingeniería.
La licitación ha atraído el interés de dos consorcios. Uno de ellos está liderado por la estadounidense Westinghouse Electric, que tiene un historial significativo con la planta, ya que fue responsable del diseño y suministro de sus reactores. Este consorcio se ha unido a la empresa española Empresarios Agrupados Internacional para presentar su oferta. El segundo consorcio está formado por GD Energy Services y su filial Innomerics. A pesar de la competencia, el proceso ha enfrentado dificultades, como la necesidad de ampliar el plazo para recibir ofertas debido al riesgo de que el concurso quedara desierto.
Las empresas interesadas en el contrato no solo buscan llevar a cabo el desmantelamiento, sino que también están involucradas en campañas que abogan por la continuidad de la central más allá de las fechas de cierre programadas. La plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’ ha recibido apoyo de GD Energy Services, lo que añade una capa de complejidad al proceso de desmantelamiento.
### Tensión entre el Gobierno y las Eléctricas
Las grandes eléctricas que operan la central, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han intentado negociar con el Gobierno para retrasar el cierre de Almaraz. Sin embargo, las posiciones entre las compañías y el Ejecutivo parecen estar muy alejadas, lo que ha llevado a que las eléctricas pongan la planta en ‘modo cierre’. Esto significa que no se están tomando decisiones cruciales para el futuro de la instalación, lo que podría complicar aún más el proceso de desmantelamiento.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha solicitado a las compañías que proporcionen la información necesaria para iniciar los estudios del proceso de desmantelamiento del primer reactor antes de noviembre. Las empresas han confirmado su intención de avanzar en este proceso, pero la falta de decisiones sobre inversiones necesarias para prolongar la vida de la planta ha generado incertidumbre.
Iberdrola, que posee la mayoría de las acciones de Almaraz, ha indicado que no se realizarán nuevas inversiones a menos que sean rentables. Esto ha llevado a un estancamiento en las negociaciones sobre el futuro de la central, ya que las eléctricas no están dispuestas a comprometer recursos en un escenario incierto. La situación se complica aún más por la necesidad de inversiones significativas para asegurar la operación de la planta si se decide extender su funcionamiento más allá de las fechas de cierre previstas.
En este contexto, el futuro de la central nuclear de Almaraz sigue siendo incierto. Las tensiones entre el Gobierno y las eléctricas, junto con la necesidad de cumplir con los plazos de desmantelamiento, crean un panorama complicado que podría afectar no solo a la planta, sino también a la política energética del país en su conjunto. La situación actual refleja un momento crítico en la transición energética de España, donde las decisiones tomadas en los próximos meses tendrán un impacto duradero en el sector nuclear y en la gestión de residuos radiactivos.
