La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, se encuentra en el centro de una tormenta mediática tras la adjudicación de un contrato de emergencia por valor de 605.000 euros a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR). Esta empresa ha sido vinculada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a una trama de corrupción que involucra a personajes como Koldo García y Santos Cerdán. La adjudicación se realizó el 2 de octubre de 2019, en un contexto de emergencia debido a los daños ocasionados por intensas lluvias en la región de Murcia, según se detalla en el anuncio de la adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La Ley 9/2017, en su artículo 120, permite a la administración actuar con rapidez en situaciones de emergencia, lo que justifica la tramitación de este contrato sin seguir los procedimientos ordinarios. Sin embargo, la elección de OPR ha suscitado dudas, dado que la UCO ha encontrado indicios de que Koldo García, exasesor del Ministerio de Fomento, pudo haber ejercido influencia sobre Pardo de Vera y otros funcionarios para conseguir adjudicaciones irregulares.
### La Trama de Corrupción y las Adjudicaciones Sospechosas
La investigación ha revelado que la adjudicación a OPR no es un caso aislado. Según los informes de la UCO, se han identificado al menos tres contratos adicionales en los que OPR podría haberse beneficiado de manera irregular. Estos contratos, que abarcan diversas regiones como Asturias, Jaén y Galicia, han sido objeto de registros por parte de las autoridades, que han incautado dispositivos electrónicos y documentos que podrían ser clave para la investigación.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta trama es la relación entre Pardo de Vera y Koldo García. Los investigadores han señalado que existe una «relación de indicios» que sugiere que García pudo haber influido en la toma de decisiones dentro de Adif y la Dirección General de Carreteras. Esta situación plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética en la gestión de contratos públicos, especialmente en un contexto donde la corrupción ha sido un tema recurrente en la política española.
Además de la adjudicación a OPR, Pardo de Vera también está bajo la lupa por un contrato otorgado a Levantina, Ingeniería y Construcciones (LIC) para reparar deslizamientos en la Línea 750 Gijón Sanz Crespo-Pravia. Este contrato, que ascendió a 592.053 euros, fue solicitado por Koldo García, quien tiene vínculos personales con el director de LIC. La coincidencia de estos hechos ha llevado a los investigadores a cuestionar la legalidad y la ética de las decisiones tomadas por la expresidenta de Adif.
### La Suspensión de la Declaración y el Futuro de la Investigación
Recientemente, la declaración de Isabel Pardo de Vera como investigada fue suspendida por segunda vez. Inicialmente programada para el 1 de julio, la audiencia fue aplazada por el juez instructor del caso, Ismael Moreno. Este aplazamiento ha generado especulaciones sobre la dirección que tomará la investigación y la posibilidad de que Pardo de Vera busque una defensa más sólida, dado que ha cambiado de abogado, ahora representada por Gonzalo Rodríguez-Mourullo.
La situación de Pardo de Vera es un reflejo de los desafíos que enfrenta el sistema de contratación pública en España. La falta de transparencia y la posibilidad de influencias indebidas en la adjudicación de contratos son preocupaciones que han sido planteadas por diversos sectores de la sociedad. La corrupción en la administración pública no solo socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino que también puede tener repercusiones económicas significativas.
La investigación en curso sobre las adjudicaciones de Adif y la posible implicación de Pardo de Vera y otros funcionarios en prácticas corruptas es un recordatorio de la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en el sector público. La sociedad civil, así como los organismos de control, deben permanecer alerta y exigir rendición de cuentas a aquellos que manejan recursos públicos.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo se desenvuelven las investigaciones y qué medidas se implementarán para prevenir futuros casos de corrupción en la administración pública. La transparencia y la ética en la gestión de contratos son fundamentales para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y garantizar un uso adecuado de los recursos públicos.
