El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha enfrentado una intensa sesión de control en el Parlament, donde la crisis en la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) ha sido el centro de atención. Illa, con un tono firme, ha afirmado que su gobierno está decidido a llegar «hasta el final, caiga quien caiga y pese a quien le pese» en la búsqueda de soluciones a esta problemática que ha sacudido a la administración catalana. La situación ha sido provocada por un caso alarmante de abuso infantil que involucra a una menor bajo la protección de la DGAIA, así como por irregularidades en la gestión de subvenciones y contrataciones dentro de esta entidad.
La DGAIA ha estado bajo el escrutinio público debido a la gravedad de los hechos que han salido a la luz, aunque Illa ha subrayado que estos ocurrieron antes de que su gobierno asumiera el mando. Sin embargo, ha prometido que se tomarán todas las medidas necesarias para reformar un modelo de gestión que él mismo ha calificado de obsoleto. En este sentido, el Govern tiene previsto presentar un proyecto de «refundación» de la DGAIA en la próxima semana, buscando así restaurar la confianza en esta institución vital para la protección de menores en Cataluña.
### La Respuesta de la Oposición
La respuesta de la oposición ha sido contundente. Junts, Vox y Aliança Catalana han criticado a Illa, acusándolo de intentar eludir su responsabilidad en lo que ellos consideran una «crisis de país». La portavoz de Junts, Mònica Sales, ha sido especialmente crítica, acusando al presidente de «esconderse» y de no tomar acción decisiva ante la crisis. Illa, por su parte, no ha dudado en recordar a Junts su larga trayectoria en el gobierno, sugiriendo que su partido también tiene parte de la responsabilidad en la situación actual.
El debate se ha intensificado con las intervenciones de otros partidos, como Vox, cuyo líder, Ignacio Garriga, ha denunciado el «silencio» de Illa durante meses. Este intercambio de acusaciones ha puesto de manifiesto la polarización política en torno a la crisis de la DGAIA, donde cada partido busca capitalizar el descontento social para sus propios fines políticos. Illa ha defendido su postura, argumentando que no hay duda de que cualquier conseller de épocas pasadas habría actuado si hubiera tenido indicios de los abusos que se han denunciado.
A pesar de la tensión, algunos partidos, como los Comuns, han ofrecido su apoyo al Govern para llevar a cabo la reforma de la DGAIA. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha sido reconocida por su disposición a colaborar en la mejora de la situación, lo que contrasta con la actitud más beligerante de otros grupos de la oposición.
### La Situación de los Menores en Cataluña
La crisis de la DGAIA no solo se limita a la gestión administrativa, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la situación de los menores en Cataluña. Recientemente, se ha alertado sobre la falta de personal en los servicios de atención a menores en L’Hospitalet, lo que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de decenas de niños. Esta falta de recursos humanos es un reflejo de los problemas estructurales que enfrenta la DGAIA y que han sido denunciados por profesionales del sector.
La situación es crítica, y la presión sobre el gobierno de Illa para actuar de manera efectiva es cada vez mayor. La necesidad de una reforma integral en la DGAIA es evidente, no solo para abordar las irregularidades actuales, sino también para garantizar que se establezcan mecanismos de protección adecuados para los menores en el futuro. La respuesta del Govern ante esta crisis será crucial para determinar la dirección de la política social en Cataluña y la confianza pública en las instituciones encargadas de proteger a los más vulnerables.
La crisis de la DGAIA ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema de protección infantil en Cataluña y ha generado un debate político que promete intensificarse en los próximos días. Con la presentación del proyecto de refundación a la vista, todos los ojos estarán puestos en cómo el gobierno de Illa maneja esta situación delicada y si podrá restaurar la confianza en una institución que es fundamental para la protección de los menores en la comunidad.
