La jueza Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, ha concluido la instrucción sobre la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En un auto de 71 páginas, la magistrada ha decidido procesar a Sánchez por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, junto a un total de diez personas más, incluyendo al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y al ex asesor de Moncloa, Luis Carrero. La investigación se ha centrado en la designación de Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación, un puesto que, según la jueza, podría haber sido creado específicamente para él.
La jueza ha encontrado indicios de que David Sánchez utilizó su influencia para obtener beneficios personales, como la adaptación de las condiciones de su puesto a sus preferencias, incluyendo la posibilidad de no tener que acudir diariamente a un despacho. Además, se ha señalado que Carrero, quien ya colaboraba con Sánchez en un proyecto relacionado con la ópera, fue contratado para trabajar directamente con él en su despacho. La resolución de Biedma indica que la creación de un puesto con la intención de adjudicárselo directamente a una persona específica constituye un acto de prevaricación.
### Reacciones del Gobierno y Defensa de los Implicados
A lo largo de este proceso, el Gobierno ha defendido la legalidad de las acciones de David Sánchez, argumentando que no hay irregularidades en su contratación. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha manifestado su confianza en que el caso no prosperará, señalando que las denuncias provienen de una organización ultraderechista. Esta defensa se basa en la idea de que las acusaciones son infundadas y responden a un intento de desprestigiar al entorno del presidente del Gobierno.
Sin embargo, la jueza ha enfatizado que la investigación ha revelado que el hermano del presidente utilizó su posición para obtener beneficios personales, lo que contradice la defensa del Gobierno. En su auto, Biedma señala que la contratación de Carrero no solo fue irregular, sino que también se realizó sin el procedimiento adecuado, lo que pone en entredicho la transparencia del proceso de selección en la Diputación.
La magistrada también ha abordado la responsabilidad de Miguel Ángel Gallardo, argumentando que, dada la estructura jerárquica de las entidades locales, es poco probable que decisiones de tal magnitud se tomen sin su conocimiento. La jueza ha destacado que era de conocimiento general que el puesto estaba destinado a David Sánchez, lo que sugiere que Gallardo y otros funcionarios estaban al tanto de la situación.
### Aspectos Financieros y Descartes de Delitos Fiscales
En el transcurso de la investigación, se han examinado también las finanzas de David Sánchez. La jueza ha descartado la existencia de delitos contra la Hacienda Pública y de enriquecimiento ilícito, que inicialmente formaban parte de la investigación. Según el informe de Hacienda, Sánchez es residente fiscal en Portugal y sus ingresos están regulados por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, lo que significa que no incurre en los mismos impuestos que un residente en España.
Además, se ha señalado que el incremento en su patrimonio, que superó los 250.000 euros, se debe a una donación de su padre, la cual fue debidamente declarada a Hacienda. La jueza ha aclarado que, incluso si Sánchez hubiera sido residente en España, el supuesto fraude no alcanzaría los 120.000 euros anuales, lo que descarta la posibilidad de un delito fiscal.
La resolución de la jueza Biedma pone de relieve la complejidad del caso, que no solo involucra cuestiones de contratación y prevaricación, sino también aspectos relacionados con la legalidad fiscal. A medida que avanza el proceso judicial, se espera que se presenten más detalles sobre las implicaciones de estas acusaciones y la respuesta del Gobierno ante la situación.
Este caso ha generado un gran interés mediático y ha suscitado debates sobre la ética en la administración pública y la influencia de las relaciones familiares en la política. La decisión de la jueza de procesar a David Sánchez y a otros implicados marca un hito en la lucha contra la corrupción y la falta de transparencia en las instituciones públicas.
