Corteva ha activado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) tras anunciar el cierre definitivo de su planta de productos fitosanitarios en el valle de Tamón (Asturias). El proceso afecta a 73 trabajadores y se encuentra en su fase final de consultas, con una reunión decisiva prevista el 22 de julio de 2026 en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC). Sin acuerdo previo, el ERE podría derivar en despidos colectivos y pérdida de empleo estable en una zona con alta dependencia industrial.
¿Qué exigen los sindicatos en el ERE de Corteva?
Los representantes de los trabajadores, integrados por LICA y SOMA-Fitag-UGT, reclaman una solución integral. Exigen que todos los empleados mayores de 55 años accedan a la prejubilación y que el resto sea recolocado internamente. La empresa solo ofrece reubicar a 19 personas. Eso deja a 21 trabajadores sin alternativa laboral dentro del grupo.
La brecha en las condiciones de prejubilación
La propuesta de Corteva no satisface los requisitos mínimos de protección social ni de compensación económica exigidos por los sindicatos. Los trabajadores denuncian que las ofertas carecen de garantías reales de sustitución de ingresos y no incluyen cláusulas de revisión ante cambios en la normativa de pensiones.
¿Por qué se ha paralizado la negociación del ERE?
Las negociaciones acumulan más de 30 horas de reuniones sin avances reseñables. La falta de una propuesta alternativa creíble por parte de Corteva ha generado desconfianza. Los trabajadores señalan que la empresa no ha presentado un plan de viabilidad industrial ni ha explorado seriamente la venta de la planta a terceros. Esa omisión viola el espíritu del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que exige evaluar todas las alternativas antes de decretar un ERE.
El impacto económico regional es crítico
La planta de Tamón representa más del 12 % del empleo industrial en el concejo de Villaviciosa. Su cierre afecta directamente a proveedores locales, comercios y servicios auxiliares. Según datos del Principado de Asturias, cada puesto directo en Corteva genera 1,8 empleos indirectos. La pérdida de 73 puestos podría implicar hasta 131 empleos colaterales en riesgo.
¿Qué dice la ley sobre los ERE en empresas multinacionales?
El marco legal español exige que las empresas con sede en la UE cumplan con la Directiva 98/59/CE sobre despidos colectivos. Corteva, como multinacional con sede en EE.UU. pero con filial en España, debe aplicar el Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 1483/2012, y respetar los acuerdos sectoriales del convenio químico. No está exenta de responsabilidad por su decisión estratégica de desinversión.
El papel del SASEC como mediador
El Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos no tiene poder vinculante, pero sí capacidad para facilitar acuerdos basados en la buena fe negociadora. Su intervención es obligatoria en EREs con más de 10 trabajadores afectados. El fracaso en esta instancia abre la puerta a la vía judicial y a la posibilidad de impugnación ante los juzgados de lo social.
¿Qué opciones reales quedan para los trabajadores de Corteva?
Los empleados han iniciado una huelga indefinida, que se mantiene activa desde el 21 de julio. Además, mantienen la exigencia de que Corteva active un proceso de cesión de activos o venta de la planta a un inversor que garantice la continuidad productiva. No se descarta la movilización ante instituciones europeas si se acredita incumplimiento de la normativa comunitaria sobre información y consulta a los trabajadores.
Datos Clave
- La planta de Tamón emplea a 73 trabajadores directos.
- Corteva ofrece recolocar solo a 19 personas, dejando a 21 sin alternativa interna.
- Más de 30 empleados tienen más de 55 años, y son candidatos a prejubilación.
- El cierre afecta a la cadena de valor regional: 131 empleos indirectos en riesgo.
- El plazo de consultas finaliza el 22 de julio de 2026, fecha límite para alcanzar acuerdo.
- La huelga es indefinida y se mantiene activa desde el inicio de las negociaciones.
El ERE de Corteva no es solo un conflicto laboral aislado. Es un caso testigo de cómo la deslocalización estratégica de multinacionales impacta en territorios con baja diversificación productiva. La falta de un plan de transición industrial pone en evidencia las lagunas en la aplicación efectiva de la Ley de Transición Justa en Asturias. Sin mecanismos de reindustrialización activos, los EREs se convierten en puntos de inflexión sin retorno para comunidades enteras.
