Junio de 2026 registró 1.028 muertes atribuibles al calor, el mayor número en cinco años. Superó ampliamente a 2025 (407), 2024 (32), 2023 (142) y 2022 (828). Las temperaturas extremas comenzaron antes de lo habitual y alcanzaron niveles anómalos. El Sistema MoMo, coordinado por el Instituto Carlos III, detectó un pico crítico entre el 22 y el 25 de junio. La mayoría de los fallecimientos ocurrieron en personas mayores de 65 años, especialmente en mayores de 85. No fueron golpes de calor agudos, sino desenlaces de patologías previas agravadas por el estrés térmico.
¿Por qué junio 2026 superó todos los registros de mortalidad por calor?
El calor extremo llegó con dos semanas de anticipación respecto a la media histórica. Las temperaturas máximas se mantuvieron por encima de los umbrales de alerta durante 12 días consecutivos en más del 70 % del territorio. El Sistema MoMo identificó un exceso de mortalidad del 28,4 % respecto a la media esperada para el mes. Esto no es solo un fenómeno meteorológico: es un indicador de vulnerabilidad sistémica en salud pública.
El papel del cambio climático en la intensificación de las olas de calor
Las olas de calor ya no son eventos aislados. Son más frecuentes, más intensas y más prolongadas. El IPCC confirma que cada 0,5 °C de calentamiento global incrementa la probabilidad de olas extremas en un 30 %. En España, la temperatura media anual ha subido 1,5 °C desde 1961. Esto explica por qué mayo de 2025 ya fue el más letal de la serie histórica del MoMo.
¿Quiénes son los más afectados por el calor extremo?
El 92 % de los fallecimientos ocurrió en personas mayores de 65 años. Dentro de ese grupo, los mayores de 85 años representaron el 57 % del total. La fragilidad fisiológica, la polifarmacia y las enfermedades crónicas —como insuficiencia cardíaca, EPOC o demencia— reducen la capacidad de termorregulación. Además, muchos viven solos y no activan redes de apoyo temprano.
La brecha territorial en la exposición al riesgo
No todos los territorios sufren igual. Las ciudades con menor cobertura de sombra, menos espacios verdes y edificios sin aislamiento térmico —como zonas de Madrid, Valencia o Sevilla— registraron tasas de mortalidad un 40 % superiores al promedio nacional. En cambio, zonas rurales con mayor ventilación natural y menor densidad poblacional mostraron menor impacto.
¿Qué dice el marco legal y las políticas públicas ante esta emergencia?
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) obliga a integrar la salud térmica en los planes locales. Sin embargo, solo el 38 % de los ayuntamientos españoles cuentan con un Protocolo de Actuación en Olas de Calor actualizado. La Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética exige evaluar riesgos sanitarios, pero carece de sanciones por incumplimiento. El Sistema MoMo opera con financiación pública, pero su capacidad predictiva depende de la interoperabilidad con registros sanitarios, aún limitada por fragmentación administrativa.
¿Cómo afecta esto a la economía nacional?
El calor extremo genera costes directos e indirectos. En junio 2026, los gastos hospitalarios por patologías térmicas aumentaron un 22 % interanual. Se estiman pérdidas laborales por absentismo del 3,1 % en sectores al aire libre. Además, el impacto en la productividad del sector turístico —clave para el PIB— fue del 5,7 % en zonas costeras con alertas prolongadas. La OCDE advierte que, sin adaptación, el costo anual por calor extremo en España podría superar los 12.000 millones de euros para 2050.
Datos Clave
- 1.028 muertes atribuibles al calor en junio de 2026: el peor dato desde 2022.
- El 92 % de los fallecidos tenía más de 65 años; el 57 %, más de 85.
- El pico más letal se concentró entre el 22 y el 25 de junio, con exceso de mortalidad del 41 %.
- Solo el 38 % de los ayuntamientos tiene un protocolo de olas de calor actualizado y operativo.
- El costo económico estimado por calor extremo en 2026 superó los 3.200 millones de euros.
El calor ya no es una amenaza futura. Es una presión constante sobre los sistemas de salud, vivienda y gobernanza. La anticipación temprana del Sistema MoMo, la actualización obligatoria de protocolos locales y la inversión en infraestructura resiliente no son opciones: son exigencias legales y éticas. La adaptación no depende solo de tecnología, sino de equidad, vigilancia y acción coordinada.
