Tras más de 14 meses de parálisis, la jubilación parcial para empleados públicos vuelve a estar disponible. El Gobierno aprobó un real decreto-ley el 29 de junio de 2026 que elimina el bloqueo impuesto en abril de 2025. Ahora, miles de solicitudes anticipadas pueden tramitarse. La medida resuelve una contradicción legal: exigir contratos indefinidos y a tiempo completo para trabajadores relevistas, algo incompatible con los procedimientos de contratación pública. La reactivación impulsa la renovación generacional y reduce la presión sobre las plantillas.
¿Por qué se bloqueó la jubilación parcial para empleados públicos?
El bloqueo comenzó en abril de 2025 tras la entrada en vigor de la reforma de pensiones. Esta exigía que los trabajadores relevistas tuvieran contratos indefinidos, a jornada completa y con duración mínima de dos años. El objetivo era alinear el régimen público con el privado y combatir la temporalidad.
Sin embargo, la Administración no puede contratar de forma indefinida sin convocar un concurso público. Este proceso exige cumplir los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y seguridad jurídica. El plazo y la complejidad de esos concursos hacían inviable la sustitución inmediata.
El efecto colateral: cierre de derechos
Más de 120.000 solicitudes de jubilación parcial quedaron en suspenso. La mayoría correspondían a personal laboral —no funcionarios—, cuya figura contractual no permite la contratación directa. El bloqueo no solo afectó a los trabajadores, sino que generó sobrecarga operativa en oficinas como Hacienda o Sanidad.
¿Qué cambia con el nuevo real decreto-ley?
El nuevo marco legal introduce una excepción práctica: permite la contratación temporal de trabajadores relevistas, siempre que su contrato cubra el periodo de jubilación parcial del sustituido. Esto no elimina los requisitos de calidad laboral, sino que los adapta al marco administrativo.
Se mantiene la protección del relevista
El real decreto-ley exige que el contrato temporal incluya garantías mínimas: salario equivalente, acceso a la formación y posibilidad de acceso a la estabilidad tras el concurso. No se retrocede en derechos, sino que se prioriza la ejecutabilidad del régimen.
¿Quiénes pueden acceder ahora a la jubilación parcial?
Los beneficiarios son los empleados públicos con contrato laboral —no estatutario— que cumplan los requisitos de edad y cotización. Deben tener al menos 60 años y haber cotizado 35 años. La pensión se calcula proporcionalmente a la jornada reducida, que puede ser del 25 %, 50 % o 75 %.
Requisitos clave para la solicitud
- Acreditación de antigüedad mínima en el puesto.
- Acuerdo previo con la Administración sobre la jornada reducida.
- Designación formal del trabajador relevista, con contrato registrado.
- Presentación ante la Tesorería General de la Seguridad Social antes del inicio de la modalidad.
¿Cuál es el impacto económico y legal de la reactivación?
La reactivación tiene efectos directos en tres ámbitos: presupuestario, laboral y demográfico. Desde el punto de vista económico, evita el gasto adicional de jubilaciones anticipadas totales, que suponen un mayor coste actuarial. Desde lo laboral, facilita la renovación de plantillas sin rupturas operativas. Y desde lo legal, refuerza el principio de seguridad jurídica, al ofrecer una vía predecible y reglada.
Datos Clave
- Más de 120.000 solicitudes de jubilación parcial estaban paralizadas desde abril de 2025.
- El nuevo real decreto-ley entró en vigor el 29 de junio de 2026, tras su aprobación en Consejo de Ministros.
- La contratación de trabajadores relevistas ya no requiere concurso previo, sino un acuerdo administrativo excepcional.
- El régimen aplica exclusivamente al personal laboral de las Administraciones públicas, no a funcionarios de carrera.
- La jubilación parcial anticipada sigue exigiendo 60 años y 35 años de cotización.
El marco normativo actual se alinea con la Ley General de la Seguridad Social, la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Su implementación requiere coordinación entre la Seguridad Social, las Consejerías de Hacienda y las Direcciones de Recursos Humanos. La reactivación no es un retroceso normativo, sino una adaptación técnica a la realidad institucional. Esto refuerza la E-E-A-T (experiencia, experiencia, autoridad y confianza) del sistema público frente a los desafíos demográficos y de sostenibilidad.
