El Día de las Víctimas del Terrorismo se conmemora cada 27 de junio en España. Este año, el homenaje se celebró el viernes 26 por coincidir con sábado. La ceremonia en el Congreso de los Diputados reflejó una profunda desunión política. Bildu asistió, pero Vox no acudió por séptimo año consecutivo. Varias asociaciones clave, como AVT y Covite, también se ausentaron. El acto sigue siendo un termómetro de la fractura social y política en torno a la memoria histórica y la justicia.
¿Por qué la desunión persiste en el homenaje anual?
La presencia de Bildu genera rechazo entre asociaciones de víctimas. Consideran que su participación contradice el espíritu del acto. Bildu no condena explícitamente la violencia de ETA. Esa ambigüedad alimenta la desconfianza. Además, el partido no ha reconocido formalmente responsabilidad política por los crímenes cometidos en el País Vasco.
¿Qué dice la ley sobre la conmemoración del 27 de junio?
La Ley 22/2011, de 28 de julio, regula el Día de las Víctimas del Terrorismo. Establece que el Congreso debe celebrar un acto solemne cada año. La norma exige respeto institucional y reconocimiento integral. No contempla exclusiones formales, pero sí exige coherencia con los principios de verdad, justicia y reparación. El vacío legal sobre la participación de partidos con vínculos históricos al terrorismo genera tensiones prácticas.
¿Cuál es el impacto económico y social de la fractura en la memoria colectiva?
La desunión afecta la financiación y ejecución de políticas de reparación. En 2025, el presupuesto para la Fundación Víctimas del Terrorismo fue reducido un 8,3 % respecto a 2024. Las asociaciones denuncian retrasos en ayudas psicológicas y jurídicas. La falta de consenso político frena reformas clave, como la actualización del Registro Nacional de Víctimas. Esto impacta directamente en 12.400 personas inscritas.
¿Qué papel juega la actualidad internacional en la conmemoración?
El asesinato de Jacob Pinto Vital en Jerusalén, a los 25 años, fue evocado en el acto. Su caso ilustra que el terrorismo no es un fenómeno cerrado. España ha ampliado su marco legal con la Ley Orgánica 5/2024 contra el terrorismo transnacional. Ahora se incluyen delitos cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos españoles. Esto refuerza la necesidad de un discurso unificado y con perspectiva global.
Datos Clave
- El 27 de junio se instituyó como Día de las Víctimas del Terrorismo en 2010.
- Begoña Urroz, de 22 meses, fue la primera víctima fatal de terrorismo en España (1960).
- AVT y Covite no asistieron al homenaje de 2026 por la presencia de Bildu.
- Vox lleva siete años ausente; su diputado José María Figaredo calificó el acto de «fraude».
- La Fundación Víctimas del Terrorismo gestionó 42,7 millones de euros en 2025.
El marco legal en tensión
La Ley 22/2011 no define quién puede participar en el homenaje. Tampoco regula el discurso de los intervinientes. Esto permite interpretaciones divergentes. El Tribunal Constitucional ha reiterado que el Estado debe garantizar una memoria «no instrumentalizada». Sin embargo, la ausencia de criterios claros favorece la politización del acto.
El costo de la fragmentación
Cada año, la falta de consenso retrasa la aprobación de medidas concretas. En 2025, se pospuso la reforma del Plan Integral de Apoyo a Víctimas. Las asociaciones reportan un aumento del 14 % en consultas sobre trauma colectivo. La desunión no solo afecta el simbolismo: afecta la eficacia de las políticas públicas. La cohesión institucional es condición necesaria para una reparación efectiva.
